Una joven que vivió un conflicto en su adopción exige un millón de euros a la Junta por las secuelas

El vicepresidente de la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), José Luis Calvo, confirmó ayer que su asociación ha presentado a la Junta de Andalucía una reclamación para que indemnice con un millón de euros a Mari Ángeles, una joven de 19 años conocida popularmente como la niña de Benamaurel por el conflicto que hubo entre dos familias para su acogida en los últimos años 90. En concreto, el conflicto surgió cuando una decisión judicial obligó a la niña a dejar la familia de acogida de Benamaurel para regresar a Bormujos (Sevilla) con una familia de la que había sido retirada por la Consejería de Asuntos Sociales en 1992 por indicios de malos tratos. Desde 1992 y hasta que llegó a la familia de Benamaurel, Maria Ángeles vivió - en palabras del vicepresidente de Prodeni- un auténtico «calvario» al pasar por dos familias de acogida y tres centros de menores. Calvo subraya que dicho periodo le ha dejado a la joven serias «secuelas» psicológicas. La reclamación de Maria Ángeles sigue la estela de la sentencia que condenaba a la Junta a indemnizar a la madre de los niños Iván y Sara con 1,4 millones de euros por no haberle devuelto la tutela de los menores tras recuperarse de su enfermedad y al considerar que se han «pisoteado» los derechos de éstos a estar con su madre biológica, quien estuvo diez años luchando en los tribunales por recuperar la custodia de sus hijos. Ya al producirse esta sentencia, la consejera de Bienestar Social, Micaela Navarro, advirtió de que la misma era un precedente peligroso que abría la veda a nuevas reclamaciones. Así ha sido, y de ello se alegra Prodeni, que asegura que «después de esto, las tropelías cometidas por la Junta y la impunidad con que actuó, se van a acabar».

Calvo agregó, que «la impunidad con la que trabajaban los malos técnicos y la gente nefasta de la entonces Consejería de Asuntos Sociales, que todavía está por ahí, se va a terminar a medida que los tribunales vayan dictando resoluciones». Sin embargo, para la consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, el caso de la niña de Benamaurel que ahora reclama a la Junta un millón de euros como indemnización por las ciertas secuelas que arrastra, «queda muy claro que la Junta fue la que actuó tratando de proteger el interés de la menor en todo momento».

Navarro, que inauguró el Centro de Atención Socioeducativa de la Universidad de Almería (UAL), señaló que este caso «está más que cerrado -en referencia en que los tribunales fallaron finalmente a que la niña se quedara con sus últimos padres adoptivos»- y, con respecto a la indemnización que se reclama, aseguró que «esto es algo que no paga el Gobierno».