El Gobierno defiende en Europa que la reforma de la CNE no vulnera la legalidad

El Gobierno defendió ayer ante la Comisión Europea que la reforma que permitirá a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) evaluar la oferta de compra de Endesa lanzada por E.ON no viola «en ningún caso» la legislación comunitaria y está en línea con la regulación de otros Estados. España envió, con una semana de retraso respecto al plazo dado por Bruselas, la información sobre las nuevas funciones del organismo supervisor que le reclamó el Ejecutivo europeo hace dos semanas y media.

Tras participar en el Consejo Europeo, el presidente del Gobierno justificó la posición española respecto a la OPA alemana en que el sector tiene una «singularidad extraordinaria», ya que «los capitales circulan libremente, pero la energía no». Y por ello reiteró que la modificación de la CNE «es compatible con el conjunto del ordenamiento europeo». «Es evidente que en la UE tenemos un trabajo por delante extraordinariamente arduo y urgente en energía», remachó.

José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con la canciller alemana, Angela Merkel, para debatir sobre la tregua de ETA y acerca de la política energética comunitaria, asunto al que estuvo dedicada la cumbre. Según fuentes comunitarias, no abordaron detalles concretos y la mandataria alemana no reprochó al presidente su oposición a la OPA germana.

Doce folios

El Gobierno justificó los cambios que permitirán a la CNE aprobar, vetar o aceptar con condiciones la OPA de la compañía alemana en una densa misiva de doce folios. La carta hace hincapié en negar que la nueva norma pueda suponer un «tratamiento discriminatorio» para la compañía alemana, a la que evita citar en todo momento. Muy al contrario, argumenta que las nuevas facultades del regulador permitirán que todas las empresas interesadas en adquirir la primera eléctrica nacional reciban el mismo trato, ya que todas habrán de recabar el permiso del regulador, con el que ya cuenta Gas Natural.

Hasta ahora la CNE sólo podía analizar el efecto de una operación cuando la empresa compradora operaba en un mercado nacional regulado. En adelante este requisito lo habrá de cumplir la adquirida, con lo que se incluirá a las compañías de otros sectores y a las extranjeras. Además, se hace especial mención a las que se encuentran en «determinadas relaciones de supremacía especial» por su trascendencia sobre el mantenimiento de «los objetivos de política sectorial».

La carta subraya que países como Italia, Portugal y Francia mantienen el control de sus grandes empresas energéticas, mientras que otros, como España, han cumplido «más diligentemente» sus obligaciones de liberalización. Y por ello afirma que «se encuentran obligados a establecer medidas que garanticen que la toma de participaciones en las empresas energéticas no pueda suponer un peligro para la propia estabilidad financiera de la empresa, de forma que la garantía del suministro, o el mantenimiento de los activos estratégicos puedan verse afectados».

El Gobierno defiende que se ha limitado a «corregir una laguna» de la normativa nacional, y resalta que el nuevo sistema regulatorio «no es exclusivo» del ordenamiento español. También niega la acusación de Bruselas de que los criterios que permitirán a la CNE prohibir una operación sean «vagos o imprecisos». Por contra, cree que ahora se delimitan «con mayor precisión» qué activos son estratégicos.