PSOE e IU siguen adelante con la reforma del Estatuto pese al plantón de PA y PP

Jornada de análisis. Los responsables de las cuatro formaciones políticas inmersas en la Ponencia parlamentaria que elabora la reforma del Estatuto de Andalucía hicieron ayer balance de las consecuencias derivadas de la decisión del PA - y secundada por el PP- de abandonar esta mesa de trabajo. Tanto andalucistas como populares anunciaron el pasado martes que no retomarían el plan de trabajo hasta que se conociese con exactitud si el Estatut catalán alberga mayores competencias que el articulado andaluz, aún en fase de borrador.

La primera respuesta de PSOE e IU fue la de seguir con el calendario fijado al inicio de la Ponencia. De hecho, ayer, culminaron la segunda lectura al articulado y llegaron a importantes acuerdos.

En concreto, antes de que comenzase la semana, el PSOE había votado en solitario 89 pronunciamientos -paso previo a la creación de los artículos- de los aproximadamente 300 que recoge hasta el momento la reforma estatutaria andaluza. Tras las dos últimas reuniones de la Ponencia -ya con la ausencia de PP y PA-, los socialistas han logrado arrancar el apoyo de IU en otros 39 pronunciamientos.

El Gobierno andaluz ha querido aumentar esta sensación de normalidad en el proceso de la reforma estatutaria y, sobre todo, ha dejado claro que no habrá retrasos en el calendario de este proceso.

Extraño nacionalismo

Desde la Casa Rosada -sede provisional del Ejecutivo andaluz- apelan al consenso entre las cuatro formaciones, pero recuerdan, a modo de advertencia, que los parlamentarios de PSOE e IU suman la mayoría cualificada y suficiente -tres quintos- como para aprobar en el Parlamento la reforma del Estatuto de Andalucía. Enrique Cervera, portavoz del Gobierno andaluz, abundó en las críticas que el gabinete de Manuel Chaves ha dedicado a la actitud de PA y PP en este asunto.

Cervera considera inimaginable que una formación de corte nacionalista -en alusión al PA- se quede fuera de una reforma que aumenta el autogobierno de una comunidad autónoma. También reprochó a los andalucistas que se hayan alineado con las tesis del PP formación que, a juicio del portavoz, nunca ha camuflado su interés en hacer fracasar la reforma.

El portavoz del Gobierno intercaló sus críticas con mensajes conciliadores. Destacó el interés del presidente Chaves en alcanzar el mayor consenso posible. Para ello mantiene la convocatoria de una cumbre con el resto de líderes políticos andaluces, aunque no concretó la fecha. Eso sí, aclaró que existe una línea roja que no piensan cruzar: Nadie impedirá que la reforma del Estatuto se apruebe en esta legislatura -antes de 2008-.

Tirar por la borda

Gaspar Zarrías, consejero de la Presidencia, se decantó por un tono conciliador. Le pidió que no tirase por la borda el buen trabajo que, según Zarrías, habrían realizado los andalucistas durante la ponencia estatutaria.

Andalucistas y populares, por su parte, tampoco han dado marcha atrás en su postura y mantienen la intensidad de sus recriminaciones a Chaves.

Antonio Moreno, parlamentario andalucista y miembro de la Comisión del Estatuto, acusó de «desleal» al presidente de la Junta de Andalucía porque, a su entender, el PSOE ofrece unos privilegios a Cataluña en su reforma estatutaria que luego niega a Andalucía. Moreno comparó a los socialistas andaluces con una franquicia a las órdenes del PSOE nacional y que, más allá de cualquier posicionamiento autonómico, lo que persiguen es no causar problemas a la ejecutiva nacional del PSOE.

El parlamentario del PA indicó que su formación persigue lograr para Andalucía el máximo nivel de competencias y una definición de nación, ya sea en el preámbulo o en el articulado del nuevo texto.

Cambio de gobierno

Javier Arenas, desde Córdoba, entonó uno de los himnos del PP en esta contienda: Andalucía no necesita un cambio de estatuto, sino un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía.

El líder de los populares abundó en su tesis de que en Andalucía no hay un problema autonómico. Existiría un déficit de eficacia a la hora de gestionar las actuales competencias delegadas, de lo que culpa directamente a Manuel Chaves.