Infravivienda inhumana

La palabra ‘infravivienda’ es tan familiar en Cádiz que parece que tal término nació en la ciudad. Se refiere a esas fincas terroríficas que sobreviven en varios puntos del casco antiguo de Cádiz, prácticamente sin el menor cambio, desde mediados del siglo XX. Con el tiempo, a base de abandono y decadencia, se convirtieron hace ya muchos años en una de las mayores vergüenzas que soporta la ciudad. Es un síntoma, una realidad social, una prueba de muchas décadas de renta per cápita muy por debajo de la media estatal.

Es una lacra ligada a las demás: al desempleo, a la falta de formación y las bajas rentas que bordean la pobreza. Pero es más visible y más dolorosa.

El bochornoso estado de varias fincas de la capital gaditana ha sido una preocupación constante desde la llegada de la democracia pero nunca se ha conseguido la fórmula para erradicarla. Quedó reducida en buena medida en una década esperanzadora, entre 1995 y 2005, en la que Ayuntamiento y Junta de Andalucía, siquiera cada uno por su lado, empezaron a remozar y dignificar edificios a toda velocidad. La edad dorada de la construcción inflaba las velas de un sector de Cádiz que parecía hundirse para siempre en sus barrios más tradicionales y populares.

Pero se acabaron los fondos, se rompió el ladrillo, se desajustaron los presupuestos y volvieron los reproches, la incapacidad de todos. Cuando llegó ese frenazo, quedaban muchas, demasiadas, infraviviendas por erradicar y en los últimos años su estado, obviamente, se ha agravado. Apenas se ha sacado un proyecto adelante en lo que va de esta década, muy avanzada ya.

Son tan lacerantes las imágenes que hasta instituciones como el Defensor del Pueblo hace unos años o la Asociación Pro Derechos Humanos, ayer mismo, tienen que levantar la voz para recordar la evidencia, para reclamar a las dos administraciones públicas implicadas (Junta y Ayuntamiento) que deben hacer algo real, práctico y urgente. Para gritar que ya basta de planes antiguos recalentados que van con tanto retraso que nadie cree en ellos.

La vergüenza tampoco es exclusiva de los representantes públicos. Alguna vez habrá que pedir cuentas con firmeza a los propietarios y a un entorno que soporta un bochorno demasiado grande durante demasiados años. Ayer fue el día en que, en nombre de los Derechos Humanos, se volvió a decir «basta ya». Ojalá sea así esta vez.