Estiba

Día de San Valentín y segunda jornada de los Cuartos de Final de adultos. El pasado domingo conocimos el fallo definitivo del Jurado sobre las 53 agrupaciones que pasaban a la siguiente fase del concurso, un dictamen que, este año, parece que no ofrece grandes diferencias con lo manifestado por el jurado popular. Y de esta manera, con la desilusión de unos y la alegría de otros, las sesiones del Falla continuarán ocupando las primeras páginas de nuestra prensa y buena parte de las retransmisiones radiofónicas y televisivas locales hasta que, por fin, lleguemos a la gran final del día 24. Y mientras los prolegómenos de la fiesta gaditana por antonomasia nos mantienen en vilo, otra noticia que también debe interesar a los gaditanos por eso de que tenemos puerto, amenaza con ser una fuente importante de conflictos.

Me refiero a las movilizaciones anunciadas por los estibadores. Una huelga en la estiba no deja de ser preocupante ya que de la carga y descarga de los buques depende, en gran medida, un porcentaje importantísimo de las importaciones y exportaciones de nuestro país. La cosa viene porque la Comisión Europea denunció a España ante los tribunales europeos por lo que entendía un monopolio del sector al impedirse que las empresas que operasen en los puertos españoles pudieran recurrir al mercado para contratar a su personal.

El hecho de que las empresas tuvieran que acudir para ello a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), de las que existen dos en nuestra provincia, en Cádiz y Algeciras, no gustó para nada en Bruselas donde, en los pasillos, se aducía además que los costes portuarios en España eran excesivos con respecto al resto de Europa, que no estaban claros los requisitos de acceso al sector o que ese monopolio limitaba de facto la creación de empleo. Al final el Tribunal europeo ha dado la razón a la denuncia y ha condenado al Reino de España, o lo que es lo mismo a todos los españoles, a pagar la nada desdeñable multa de 21,5 millones de euros a la que se sumarían 27.522 euros cada día. En la sentencia, en la que además nos condenan a pagar las costas, se declara que nuestro país «ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE, al imponer a las empresas de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general tanto la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y, en su caso, de participar en el capital de ésta, por un lado, como la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad Anónima, y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente, por otro lado». Toca acatar la sentencia pero la liberalización de la carga y descarga de mercancías con la apertura de las contrataciones se enfrenta al colectivo de más de 6.000 trabajadores de la estiba integrados en las plantillas de estas sociedades. La confrontación está servida en nuestros puertos y, con ello, la ralentización, o incluso, la paralización de las importaciones y exportaciones marítimas. Ya veremos como se negocia y se soluciona la cosa que, en cualquier caso, no es baladí.