Nada que discutir

Los Presupuestos aprobados por el Gobierno mientras se nos presentan como el colmo de la progresividad y la justicia social, mantienen claros aspectos regresivos

Ignacio Marco-Gardoqui

Los Presupuestos aprobados por el Gobierno esta semana se han enviado al Congreso y allí serán aprobados, previa concreción de los habituales intercambios entre votos y concesiones a las nutridas y variadas huestes que apoyan al Ejecutivo. Es el momento en el que los grandes intereses particulares se disfrazarán de altos intereses generales. Nacen con la duda de su coherencia cuantitativa, tras la severa reducción de crecimiento prevista por el Banco de España y agravada después por el BBVA. Dos instituciones a las que resulta sencillo denigrar pero cuyas conclusiones suelen ser difíciles de rebatir, entre otras razones porque acostumbran a acertar. No siempre, claro, pero sí más que la media. El crecimiento no es una cuestión menor pues, dicho en plan bruto, viene a ser la base que servirá para cuantificar los ingresos públicos que sostienen todos los gastos. Bueno, todos tampoco, pues dada su amplitud hay una buena parte de ellos que carece de apoyo financiero y hay que buscárselo emitiendo más deuda. Y a esa duda sobre si seguirán cuadrados los Presupuestos al final del ejercicio, como lo están siempre al principio, se suman algunas cuestiones que resultan curiosas.

Ya le he comentado que, mientras se nos presentan como el colmo de la progresividad y la justicia social, mantienen claros aspectos regresivos. Lo son, en la vía de los ingresos, el mantenimiento de esa presión fiscal 'silente' que suponen los impuestos indirectos sobre la energía y otros productos básicos castigados por la inflación y que tan buenos frutos proporcionan al Ministerio de Hacienda. Lo son, en la vía de los gastos, los incrementos iguales, para todos los sueldos de los empleados públicos y para todas las pensiones, sea cual sea su monto.

Por otra parte, ya sabe que es inútil discutir los conceptos del gasto uno a uno. Primero, porque nadie se opone a que se suban las pensiones o los gastos de sanidad y educación. En la subida de los sueldos públicos me parece un escándalo que el propio Gobierno se haya subido el sueldo y haya renunciado a estudiar si las plantillas, que continúan incrementándose, se adecúan a las necesidades y son coherentes con los servicios prestados. Y si no se discuten los gastos uno a uno, salvo para aumentarlos aún más, tampoco el Gobierno se presta a reducir su monto total a pesar de la constatación evidente de que no podemos pagarlos y tenemos que seguir endeudándonos para afrontarlos.

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