APUNTE
La Justicia tardía no es justicia
Un nuevo conflicto laboral vuelve a paralizar los juzgados de la provincia
«La justicia tardía no es justicia». Esta máxima debería prevalecer sobre cualquier otra en la relación entre la judicatura y la sociedad. Y no sólo de la judicatura, sino de todos y cada uno de los miembros de una cadena judicial que necesita de todos y cada uno de sus eslabones, desde el juez al último funcionario. Uno de los grandes males endémicos y crónicos de España es la lentitud de la Justicia. Las resoluciones de los conflictos que llegan a los juzgados a menudo se demoran años, cuando no décadas. Y no precisamente por los plazos y tiempos propios de los mecanismos legales –recursos, apelaciones etc– perfectamente entendibles, sino más bien por la falta de recursos de los profesionales de la Justicia para agilizar los tiempos.
Esta misma semana hemos conocido un caso clamoroso, como es el del ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, que aún debe solventar cuentas pendientes pese a que hace más de dos décadas que dejó la política. Como ese hay infinidad de ellos que están en el imaginario colectivo de toda la sociedad española. Sin duda, la Justicia necesita más y mejores recursos para dar un servicio acorde a una democracia como la de España.
Porque este mal, que padecemos desde tiempos inmemoriales, se está agravando aún más en los últimos meses. La huelga de secretarios judiciales, a los que el Ministerio dirigido por Pilar Llop obligó a asumir infinidad de tareas sin reconocérselo económicamente, ha supuesto un retroceso importantísimo en el señalamiento de juicios en los últimos meses. Finalmente se alcanzó un acuerdo que desbloqueó la situación. Pero de nuevo vuelve la huelga en las sedes judiciales con el siguiente «escalón», pues ahora son los funcionarios de las oficinas los que exigen también mejoras económicas.
Obviamente son muy libres de ejercitar su derecho a la huelga. Pero también deben ser conscientes, y sobre todo la ministra, del enorme daño que hacen a la sociedad. Al margen de los casos penales, hay millones de euros paralizados en los juzgados y miles de familias afectadas por este bloqueo en los juzgados de lo Civil o Laboral. Personas que no tienen absolutamente nada que ver con sus reivindicaciones, que tienen sus propios problemas en la mayor parte e las ocasiones bastante más graves que una reivindicación salarial– y que necesitan que sus asuntos sean resueltos. Confiemos en que ambas partes sean capaces de alcanzar un acuerdo pronto para que la Justicia en España haga verdadero honor a su nombre.
