El sospechódromo

Cristina Cifuentes fue diputada en los Gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón. Por la vieja Asamblea de San Bernardo se la veía junto a otra compañera de características físicas muy similares, vestida de color pastel. Los malvados periodistas las conocíamos como "las Barbies". Luego llegó Esperanza Aguirre al Gobierno regional y ella seguía allí. Muchos de sus compañeros pensaron que ese sería su momento, tras años de trabajo en la sombra. Corría 2003 y el triunvirato Aguirre-González-Granados se afanaba en ocupar cada milímetro de poder. Algunos creyeron que las ganas de sepultar la etapa de Gallardón justificaba el control patológico sobre el aleteo de cada mosca que osara entrar en la Puerta del Sol. Al cabo de los años se supo que algunas de aquellas moscas venían atraídas por el hedor que desprendían ciertos comportamientos.

Tanto poder, tanto cargo para repartir... pero, sorprendentemente, la lotería de los puestos nunca cayó del lado de aquella diputada. A lo más que llegó fue a vicepresidir la Asamblea. "Puestazo" donde los haya comparado con el que consiguió Alberto López Viejo, ya sospechoso de mordidas en las basuras de la capital, que terminó de todopoderoso consejero de Aguirre y al que hoy el fiscal pide 21 años de cárcel. La cosa no mejoró para Cifuentes hasta que de aquel cementerio institucional la sacaron en 2012 Cospedal y Sáenz de Santamaría para nombrarla delegada del Gobierno.

Aquella vicepresidencia a la que fue castigada por no sacarse carné del régimen (hoy penitenciario) llevaba aparejada la condición de presidente de la Mesa de Contratación de la Asamblea. Este organismo se ocupaba de dar el visto bueno a las decisiones avaladas por los técnicos en sus informes para las adjudicaciones de servicios: entre otros, el de la cafetería del Parlamento de Vallecas. Junto a ella se sentaron como vicepresidentes también en 2011 (cuando se le adjudica el restaurante a Arturo Fernández), Juan Barranco (exalcalde del PSOE) y Antero Ruiz (de IU) y los tres adoptaron todas las decisiones por unanimidad. A Fernández, él sí del régimen, se le investigaría después por la donación en 2009 de 160.000 euros a Fundescam, un organismo del PP de Madrid que presuntamente desvió el dinero para las campañas electorales. Cifuentes, vocal de ese ente, lo dejó en 2008, un año antes de la primera adjudicación bajo sospecha.

Más allá del sospechódromo –las brasas del share necesitan caza mayor– en que vivimos, este es el relato de los hechos, al que es aconsejable acogerse antes que a los juicios de valor por mucho que los elabore un investigador de élite y que el ambiente esté emponzoñado por la corrupción en el PP. Casualidad de las casualidades: hace dos meses la diputada de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, preguntó inopinadamente en el Pleno por la susodicha cafetería y horas antes de la filtración del informe de la UCO, el mismo grupo presentaba una moción de censura contra el PP. ¿Y si las casualidades no existieran?