Puigdemont se desmiente a sí mismo

EL Gobierno de España ha puesto al presidente catalán, Carles Puigdemont, en una encrucijada con su invitación a que comparezca ante el Congreso de los Diputados y se someta a un debate sobre su propuesta de independencia unilateral para Cataluña. El antecedente más parecido es el del entonces lendakari Juan José Ibarretxe, quien en febrero de 2005 acudió al Congreso no como invitado del Gobierno central, sino como delegado de la Cámara vasca para defender la propuesta de modificación del Estatuto vasco, con la que se instauraba una relación de cosoberanía con el Estado español. En este caso, Puigdemont tenía ante sí la oportunidad de superar los supuestos vetos que sufre para defender su propuesta separatista, sin pedir prestado un saloncito al Ayuntamiento de Madrid, cuya alcaldesa ha demostrado lo grande que le viene el cargo al permitir al presidente catalán que el próximo lunes dé una conferencia en una dependencia municipal.

Naturalmente, Puigdemont ha dicho que no, que solo iría a las Cortes si antes le daban un aval para celebrar el referéndum, lo que viene a ser la vuelta al punto de partida y la constatación de la alergia de los separatistas a todo lo que tenga que ver con el cumplimiento cabal del Estado de Derecho y el respeto a las leyes vigentes. Es en las Cortes donde reside la soberanía de los españoles, huir de ellas –como hace ahora Puigdemont tras la oferta– es insistir en la ilegalidad sobre la que está montada el disparatado movimiento separatista.

De cara a la opinión pública internacional, Puigdemont ha medido mal su respuesta, porque la negativa a comparecer ante los representantes de esa soberanía nacional desmonta aún más la propaganda victimista difundida entre los gobiernos extranjeros, basada en la supuesta falta de respeto a los derechos democráticos de los catalanes por parte del Estado.

Para que esta iniciativa del Gobierno central sea eficaz en el desenmascaramiento de las falsedades separatistas es necesario que el PP, Ciudadanos y PSOE formen un bloque sin fisuras en la defensa de la unidad constitucional de España y de la soberanía del pueblo español. En estos contenidos no debe haber dudas partidistas, ni tácticas a corto plazo, porque no faltarán quienes alcen su voz para defender el derecho de autodeterminación en Cataluña. Lo que importa es que esta iniciativa del Gobierno marque un punto de inflexión en la acción contra el plan separatista en Cataluña, en el sentido de aumentar el consenso entre los partidos constitucionalistas y aislar, dentro y fuera de nuestras fronteras, cualquier riesgo de legitimación de la independencia unilateral catalana. Porque como era previsible, Puigdemont ayer volvió a salir corriendo.