Acoso oportunista a la Fiscalía

LA presión política sobre el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, dista mucho de ser un ejercicio de control democrático, siempre legítimo en un sistema parlamentario, y se está convirtiendo en una cacería personal por parte de la oposición. Las actuaciones de determinados fiscales anticorrupción han dado pie a una polémica desproporcionada que ha puesto a Maza y Moix ante la opinión pública como encubridores de la corrupción que afecta al Partido Popular. Los datos demuestran que esta afirmación es falsa, porque si algo está dañando a los populares –la encuesta del CIS les resta un punto y medio a su apoyo ciudadano– es la actuación libérrima de la Fiscalía Anticorrupción y de otras fiscalías contra dirigentes actuales y pasados de esta formación.

O son muy malos protegiendo al PP, o acusarles de encubrimiento es una falacia.

La comparecencia de Rafael Catalá y de José Manuel Maza ayer, en el Congreso de los Diputados, fue una repetición de los mismos mecanismos de acoso y derribo que está practicando la oposición, a caballo de determinadas actuaciones de la Fiscalía –o de determinados fiscales– en las investigaciones más recientes sobre corrupción relacionada con cargos o excargos del PP, como la operación Lezo. Ambos apoyaron a Moix y negaron obstrucciones a la Justicia.

Sea o no intencionada, hay una coincidencia entre los enfrentamientos internos de la Fiscalía y las ofensivas políticas contra el Gobierno y los máximos responsables del Ministerio Público, hasta el extremo de que parecen realimentarse. Las insinuaciones de los fiscales del caso Lezo sobre el secretario de Estado de Seguridad, convenientemente aprovechadas por la oposición, y su posterior rectificación, ilustran esta anómala interacción entre justicia y política. Una escena lamentable para la credibilidad en las garantías democráticas.

El problema es que esta situación parece no tener fin. La corrupción es el punto débil de la imagen del Gobierno de Mariano Rajoy y la oposición no va a dejar de atacar por ese flanco, legitimada por el deber de transparencia que cabe exigir a los representantes públicos. Sin embargo, la Fiscalía no puede ni debe continuar en esta situación de polémica diaria. La solución no es degradar los principios constitucionales de jerarquía y unidad de actuación que definen la organización del Ministerio Fiscal, sino que sus máximos responsables los apliquen con inteligencia y los fiscales subordinados los asuman lealmente, sabiendo unos y otros que, por encima de tales principios, se encuentra el de respeto a Ley.