El Registro Mundial de Buques aumenta la transparencia y trazabilidad de las embarcaciones de pesca
El Registro Mundial de Buques aumenta la transparencia y trazabilidad de las embarcaciones de pesca - ABC

España aportará 250.000 euros para luchar contra la pesca ilegal en el mundo

El dinero ayudará a financiar el trabajo del Registro Mundial de Buques, que controla las actividades de las embarcaciones de transporte refrigerado y de los productos pesqueros

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España aportará 250.000 euros al Registro Mundial de Buques para combatir la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR), tal y como aprobó el Consejo de Ministros en su última reunión (26 de diciembre) a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama).

La creación del Registro se planteó en el periodo de sesiones del Comité de Pesca (COFI) de 2012, y ha sido relanzado en 2014, dotando a cada buque de un número único e intransferible a nivel mundial, para identificar y rastrear a todas las embarcaciones pesqueras de transporte refrigerado y de apoyo a la pesca que operan en los distintos océanos. Así se podrán conocer en todo momento las actividades que desarrollan y el estado de su operatividad y navegabilidad, señala el Magrama en una nota.

El propósito de la creación de un registro mundial de buques es incrementar la transparencia y rastreabilidad de los buques y sus actividades, así como los productos pesqueros, mediante el intercambio y la difusión de información, «esencial en la lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada».

Transición hacia una economía verde

El Consejo de Ministros también ha aprobado la contribución voluntaria al Grupo de Crecimiento Verde (Green Growth Group) con la suma de 8.700 euros para el año 2014.

El GGG se creó en el seno de la Unión Europea en 2013 para preparar el Marco Energía y Cambio Climático para el año 2030.

El grupo pretende plantear la transición hacia una economía verde como una oportunidad para impulsar el desarrollo y favorecer la creación de empleo, elemento cuya consideración se quiere introducir de manera informal en las discusiones sobre los objetivos a 2030.

También se ha autorizado la dotación de 3.000 euros al Convenio Aarhus para 2014. Este Convenio, ratificado más de 40 países, marcó un hito decisivo en la regulación de los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental.

El Convenio Aarhus se encuentra, tal y como informa el Ministerio de Agricultura, en fase de expansión a otros países no incluidos en el ámbito de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, habiendo manifestado interés por el procedimiento de adhesión algunos estados africanos y latinoamericanos.

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