Las víctimas de accidentes dejarán de pagar hasta 300 euros por sus informes policiales

ANAVA- RC, la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil , ha logrado un principio de acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, por el cual las víctimas y/o sus abogados puedan tener acceso gratuito a los informes policiales de su siniestro. Dichos informes contienen los datos básicos del accidente para quelos perjudicados puedan iniciar sus trámites : desde la gestión de cargos de la asistencia sanitaria, la reparación de su vehículo o la reclamación indemnizatoria si fuera pertinente.

Antiguamente los atestados se enviaban de oficio al Juzgado de guardia y los representantes de las víctimas podían acceder libremente a ellos. Una vez que de despenalizó la gran mayoría de los accidentes tramitados por el Juicio de Faltas, los Ayuntamientos empezaron a cobrar por tener acceso a estos informes y, dependiendo de los municipios, la tasa podía variar desde 40 euros hasta los 300 .

Actualmente se producen situaciones perjudiciales para las víctimas, sobre todo en los casos donde los heridos son evacuados en ambulancia y no pueden tomar nota de los datos de los responsables de su propio accidente. Dichos atestados contienen información vital para las víctimas como son: los datos de los vehículos, las versiones iniciales de los implicados y testigos recogidos in situ por los agentes, o si los vehículos implicados tienen seguro en vigor y, en su caso, el nombre de la compañía.

ANAVA-RC considera que «esta tasa resulta contraproducente por el coste que se le carga a la víctima que, además de tener la desgracia de sufrir un accidente, debe pagar por conocer los datos de su propio siniestro. Todo esto se complica cuando es retirada en ambulancia y no puede realizarse un parte amistoso, ni conocer la matrícula o compañía de seguros del otro vehículo. La tasa además es cuestionable desde el punto de vista legal pues no estaba configurada para este tipo de documentos que, además, contiene datos personales por los cuáles no se puede cobrar».

Con dicho convenio se intenta allanar el camino de las víctimas de cara a tramitar sus gastos sanitarios e identificar a la compañía de seguros de los vehículos intervinientes en el siniestro. El siguiente paso será implicar al Colegio de Abogados de Madrid para que el convenio tenga el mayor ámbito posible en la abogacía madrileña, esperando que sea imitado por el resto de ayuntamientos a nivel nacional.