Los fabricantes europeos piden multiplicar por 15 los puntos de recarga de vehículos

Calculan que serán necesarios unos 2,8 millones de puntos de recarga públicos en la Unión Europea (UE) para 2030 debido al despliegue del coche eléctrico

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y la patronal eléctrica europea, Eurelectric, reclaman un mayor despliegue de puntos de carga para vehículos eléctricos, por encima del millón anunciado por la Comisión Europea como parte del plan de recuperación económica tras la pandemia. Según sus cálculos serán necesarios unos 2,8 millones de puntos de recarga públicos en la Unión Europea (UE) para 2030 debido al despliegue del coche eléctrico, lo que supone multiplicar por quince la cifra actual de cargadores disponibles.

Ambas organizaciones señalan que apoyan la iniciativa de la U E, pero subrayan que ese objetivo "ya formaba parte del Acuerdo Verde Europeo" diseñado por el Ejecutivo comunitario antes de la crisis del COVID-19.

En ese sentido, reclaman que se revise la Directiva de Infraestructura de Combustibles Alternativos adoptada en 2014, que consideran no está en sintonía con "el desarrollo técnico de los vehículos eléctricos o las tecnologías de carga".

ACEA y Eurelectric piden que se revise la normativa europea "con un ángulo mucho más ambicioso en el despliegue de puntos de carga y estaciones de suministro de hidrógeno en toda la Unión Europea" en línea con el objetivo de descarbonización de la economía para 2050.

La Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y las áreas urbanas deben "estar en línea con los puntos de referencia para vehículos de cero y bajas emisiones establecidos por la Unión Europea para 2025 y 2030, y debe considerar las clases de energía de los puntos de carga y las capacidades de carga de vehículos", indican.

Añaden que ese esfuerzo debe adaptarse a las distintas necesidades de carga y estacionamiento de camiones , autobuses o coches y apuntan a que el plan de recuperación para el sector inmobiliario es una "oportunidad ideal" para garantizar que edificios públicos y privados se dotan de esa infraestructura de carga financiada por ayudas y préstamos europeos.

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