El automóvil pide una Ley nacional de Movilidad ante el caos autonómico y municipal
Los fabricantes proponen 50 medidas para unificar las decenas de normas climáticas distintas que han sumido «en la incertidumbre» a los conductores
Orden en el caos. La industria automovilística pide poner punto y final a la dispersión legislativa entre Estado central, comunidades autónomas y ayuntamientos, que ha sumido al consumidor en la confusión. Un panorama que ha contribuido a que las ventas de automóviles nuevos cayeran un 4,3% en marzo , sumando una racha de siete meses en rojo, inédita desde la crisis.
Mientras la región de Baleares apuesta por prohibir la venta de vehículos diésel en 2025, lo que se ha traducido en un desplome de las matriculaciones del 34,3% el mes pasado; el País Vasco ha puesto en marcha un plan de incentivos a la compra de vehículos nuevos, eléctricos pero también diésel o gasolina, que ha disparado las adquisiciones un 21,2%. Todo ello después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera , diera por sentenciado al diésel el pasado julio, al considerar que tiene «los días contados», y anunciara un proyecto para vetar la venta de coches térmicos en 2040.
«Ahora mismo conviven cinco leyes diferentes de cambio climático y 54 planes de calidad del aire. Es de libro Guiness», lamentó ayer José Vicente de los Mozos, presidente de la patronal de fabricantes de vehículos Anfac. Todo ello ha sumido al consumidor en una «incertidumbre», dice la industria, que ha causado el efecto contrario al buscado. Los ciudadanos han optado por retrasar sus decisiones de compra o bien se han decantado por adquirir de segunda mano coches más antiguos y, por tanto, contaminantes. La edad del parque español alcanza ya, de media, los 12,6 años , situándose entre las más altas de Europa.
200 millones en ayudas
Ayer, en plena campaña electoral, los fabricantes aprovecharon para presentar su propio plan, reclamando a todas las formaciones políticas que pacten una Ley de Movilidad . Una propuesta que acompañaron con un ramillete de 50 medidas destinadas a armonizar las políticas autonómicas y municipales en la materia. «Es verdad que no tienen las mismas necesidades Madrid que Bilbao o un pueblo de Cuenca», admitió Mario Armero, vicepresidente de Anfac, «pero siempre hay puntos en común y se pueden dar situaciones homogéneas. En cualquier caso, un ciudadano de Albacete tiene que tener claro si su coche con etiqueta C puede entrar en Madrid», reclamó.
El sector automovilístico propone una hoja de ruta integral, que engloba desde un plan de incentivos para la renovación del parque (200 millones de euros para fomentar la compra de coches nuevos, más eficientes, de los cuales 50 para diésel y gasolina), la reducción del IVA a los modelos menos contaminantes y la reforma de la tributación del automóvil, para refundir el impuesto de matriculación y el de circulación, entre otras. Un paquete de medidas articulado en siete grandes bloques, que abordan desde la renovación del parque hasta la gestión del tráfico, pasando por la necesidad de replantear las políticas urbanísticas para que se fomente el desarrollo del vehículo eléctrico o el coche compartido. También piden apostar por la innovación tecnológica, con inversiones que apoyen, por ejemplo, el desarrollo del vehículo autónomo y la conectividad del automóvil, algo que, considera Anfac, «ha dejado de estar entre las prioridades de la DGT».
Implicación institucional
«Las administraciones se tienen que implicar y no solo con declaraciones de intenciones, sino con hechos», aseguró De los Mozos, que «tiró» de hemeroteca: «En 2017 ya se planteó un plan y no pasó nada. Hace un mes la ministra presentó un plan estratégico, y no pasó nada». El pasado marzo, la ministra de Industria, Reyes Maroto , esbozó un programa con 2.634 millones, que contempla ayudas a la compra y achatarramiento de coches antiguos, si bien el sector evitó su firma a pocos días de la disolución de las Cortes al entender que tenía un marcado electoralismo. La convocatoria de comicios para el próximo domingo ha hecho que igualmente quedaran en suspenso los 67 millones presupuestados para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad sostenible, ya contempladas en los últimos Presupuestos Generales de Rajoy.
Ante la falta de políticas efectivas, De los Mozos , director mundial de fabricación y logística del Grupo Renault, constata que nuestro país aborda la nueva movilidad «con retraso» frente a otros países europeos y pidió al próximo Ejecutivo que actúe «si queremos mantener lo que tenemos dentro de unos años»: «No podemos perder años en buenas intenciones».
En la actualidad el sector del automóvil supone el 10% del PIB español y emplea al 9% de la población activa. De las 17 factorías repartidas por el territorio nacional salieron 2.819.565 vehículos en 2018, un 1% menos, en la segunda caída anual consecutiva, que hizo que España perdiera la octava posición en el ranking de fabricantes, tras ser superado por Brasil.
Las factorías españolas se encuentran en plena puja por la llegada de modelos eléctricos , de los cuales solo hay cuatro confirmados -de los cerca de 40 que se producen en la actualidad-. Para ello de nuevo los fabricantes piden la implicación de las fuerzas políticas, para que desarrollen una red de recarga adecuada que permita su despegue en ventas. «Si no generamos la infraestructura y creamos confianza en el cliente, el mercado nacional de 0 emisiones no será potente. Y ¿para qué vamos a fabricar vehículos en un mercado que es débil?», planteó De los Mozos, que recordó que el eléctrico apenas supone el 0,5% de las ventas en nuestro país, frente al 31% de Noruega, el país con más penetración, o el 2% de Francia.
