Cifuentes cambia la ley para poder sancionar a su equipo por mal gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, asumirá personalmente la función sancionadora sobre los consejeros de su equipo que incumplan los códigos generales de buen gobierno. Así está previsto en el proyecto de Ley de supresión del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, remitido el lunes a la Asamblea, y que desgrana qué instancias heredarán a partir de ahora las funciones atribuidas al languideciente órgano consultivo. Además de la enmienda de dictámenes no vinculantes, que retoman los servicios jurídicos de la Comunidad, el Consejo Consultivo adquirió en 2014 otro papel clave: la función como Consejo autonómico de Transparencia y Buen Gobierno.

La institución que da asiento a los expresidentes autonómicos es, desde hace un año, la encargada de «salvaguardar» el derecho de acceso a la información pública y garantizar la «observancia de las normas de buen gobierno», según recoge la Ley 4/2014 de medidas fiscales y administrativas que modificó su norma reguladora original.

El mandato supremo procede de la Ley española de Transparencia, aprobada en diciembre de 2013, y que en la administración general concede la potestad sancionadora al Consejo de Ministros, y no al presidente, como establece ahora Madrid.

Sin régimen disciplinario

Aunque en la práctica no consta actividad al respecto, al menos publicada, formalmente el Consejo Consultivo tenía la competencia sancionadora sobre altos cargos de la región que pudieran incurrir en malas prácticas, incluyendo una debida «gestión económico presupuestaria». La Comunidad no dispone de un régimen disciplinario propio de altos cargos, como tampoco existe un cuerpo normativo de supuestas infracciones; por lo que regirá la ley estatal homóloga, de 2013, que sí las contempla. En el Gobierno regional no supieron precisar ayer si se desarrollará una normativa propia.

Cristina Cifuentes ya anunció la semana pasada que, con la extinción del Consejo Consultivo, las funciones en materia de transparencia y buen gobierno corresponderían a partir de ahora al Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad, dependiente de la Consejería de Hacienda. Este será el competente para iniciar, instruir y hacer una propuesta de resolución del procedimiento sancionador. Sin embargo, «la imposición de sanciones corresponde a la presidenta de la Comunidad», según prevé la nueva ley que deroga el Consejo.

La entonces candidata ya impuso en la campaña electoral un código ético del diputado, que era de obligado cumplimiento para los miembros de la lista del PP. Y qué incluía, entre otras cuestiones, el compromiso de renunciar al acta si son imputados por delitos de corrupción o supuestos que conlleven un reproche social, como la violencia de género. La ahora presidenta ha defendido siempre la necesidad de que los cargos públicos adquieran un comportamiento «ejemplar», de forma que no acepten su posición para, por ejemplo, conseguir beneficios económicos o, incluso, aceptar regalos. Todas estas medidas, según Cifuentes, deben servir de refuerzo para ayudar a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política.

En esa línea, volvió a pronunciarse sobre el ascenso del padre de Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid: «Yo tengo muchos hermanos funcionarios y no les traería aquí», fue su dardo contra Ahora Madrid.

El Gobierno regional también ha anunciado que en octubre entrará en funcionamiento el Portal de Transparencia que agrupará toda la información pública disponible, en cumplimiento de la ley general de 2013. Madrid es, según distintos indicadores, una de las comunidades autónomas menos transparentes.

Un nuevo órgano

La supresión del Consejo Consultivo supone, además, que la función consultiva será asumida por un nuevo cuerpo de letrados constituido como Comisión Jurídica Asesora. Según el proyecto del Gobierno, estará formado por entre siete y once letrados, letrados de carrera adscritos a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Serán nombrados por decreto del Gobierno, deberán tener más de diez años, pudiendo volver a ser nombrados por periodos sucesivos.

El texto legal recoge que el Consejo Consultivo, donde se sientan los expresidentes Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González, quede derogado el día siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial. Los funcionarios con plaza serán reubicados (cuatro letrados irán a la Abogacía General y otros dos vuelven a su plaza en la Asamblea).

El proyecto de ley de derogación del Consejo Consultivo fue remitido el lunes a la Asamblea regional, con la petición de qu esea debatido por lectura única, sin posibilidad de enmiendas de la oposición. Probablemente, el Pleno apruebe la extinción del Consejo en su primera reunión de octubre.