Colonia Experimental Villaverde Alto: diez años esperando la rehabilitación

Fachadas comidas por las humedades, calles sin asfaltar y sábanas convertidas en pancartas que cuelgan de las ventanas en las que se puede leer «Ivima incumple sentencia en este edificio». Este es el aspecto de las cinco calles –Calamocha, Guadalaviar, Monterde, Terriente y Tortajada–, que componen la Colonia Experimental de Villaverde Alto que, actualmente, se encuentra en un paréntesis en sus relaciones con el Instituto de la Vivienda de Madrid.

Los vecinos comenzaron la lucha contra el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) hace ya más de diez años, y aún siguen batallando por tener –algo tan necesario como ridículo–, unos metros de acera que «nosotros mismos hemos acabado haciendo», cuenta Ana, residente en la calle Calamocha. «Los días de lluvia esto se convierte en un lodazal.

No podemos mover los coches ni salir de casa», cuentan los vecinos de la calle Terriente.

La denuncia impuesta por los vecinos contra el Ivima fue desestimada en primera instancia. Fue el momento en el que muchos de ellos decidieron descolgarse de la demanda, pese a que después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falló a su favor y declaró nula una sentencia previa. De todas formas, ocho de ellos continuaron adelante. Uno de los bloques en el que vivía uno de los denunciantes que esperó al fallo definitivo del TSJM fue rehabilitado: el de Guadalaviar 5, que choca con el paisaje de semiabandono que ofrece la Colonia.

La obra de rehabilitación de este bloque fue realizada los primeros años de esta década. En ese momento, el entonces director gerente del Ivima, José Antonio Páramo, realizó un plan para adecentar la Colonia, empezando por la rehabilitación de Guadalaviar, 5. Su cese llevó al proyecto a quedar suspendido. Su sucesor en el organismo público, Juan Van Halen, llegó a proponer un plan de rehabilitación para comienzos de 2014, del que nada más se supo. Fue con su sucesora, Ana Gomendio, con la que los vecinos denunciantes entraron en una contienda por la interpretación de la sentencia del TSJM, que dura hasta hoy.

Mientras que desde el Ivima se quiere reformar solo las viviendas de los demandantes –cuyo coste sería inferior a 300.000 euros–, los vecinos piden una rehabilitación idéntica a la de Guadalaviar, 5. Es decir, recuperar íntegramente los edificios y las viviendas, cuyo coste ascendería a 6 millones. La sentencia, por su parte, obliga al Instituto a reformar vivienda, edificio y urbanización de los demandantes siempre que tengan «incidencia directa» en sus casas.

El fallo insta explícitamente al Ivima a «la reparación de las deficiencias existentes en las viviendas de los demandantes, así como de las deficiencias existentes en el edificio en el que se ubican dichas viviendas y en la urbanización en que se encuentran, siempre que tengan incidencia directa en las viviendas de los demandantes». Además, en el escrito se incluye la posibilidad de que el coste de las obras pueda ser «repercutido por la Administración a los demandantes». Los inquilinos deberían pagar, en este caso, según su representación legal, un 13% del total.

«A lo largo de 2015 se han realizado obras puntuales como la reparación de cuadros de electricidad», afirman portavoces del Ivima, aunque los vecinos «no nos permiten el acceso». «No les dejamos porque las reformas que nos ofrecen son ridículas en comparación con lo que han hecho en Guadalaviar», cuentan los vecinos.

Conflicto por la sentencia

La Colonia se construyó en 1957, bajo la supervisión del organismo de la Obra Sindical del Hogar. Nacían así 408 viviendas alojadas en 30 bloques, que en 1984 pasarían a ser propiedad de la Comunidad de Madrid a través del Ivima. Con la llegada de Ruiz-Gallardón a la presidencia de la Comunidad de Madrid se puso a la venta –o alquiler– las viviendas con la condición de que antes se rehabilitarían, cosa que nunca llegó a pasar. Por si fuera poco, los vecinos al comprar sus casas, adquirieron un trozo de calle. «Son terrenos de uso público y titularidad privada. Somos responsables de todo lo que pase aquí», dicen afirmando que desconocían esta parte de la compra.

La red de alcantarillado está rota y hay cuadros de luz con tuberías a los pies del cuadro. «El Ivima ha ofrecido aislar algunos pisos de los demandantes, pero ¿cómo vamos a dejar que hagan eso? Nos vendría a los demás toda la humedad», cuenta una vecina de Calamocha.

La batalla por la rehabilitación de la Colonia tiene su origen hace más de 10 años. Algunos vecinos remontan los hechos al momento en el que el Ivima puso a la venta las viviendas mediante el llamado «acceso diferido» en 1957. Así, cuando transcurriesen 40 años, los contratos de compraventa se formalizarían, pasando las viviendas a ser de titularidad privada.

Sin embargo, en 1998 y antes de que esos contratos tomasen forma, los inquilinos «presentaron escritos ante el Ivima en los que solicitaban la reparación de deficiencias existentes en sus viviendas y, en general, en la Colonia Experimental». Así queda reflejado en la sentencia del TSJM de 2005, en la que se da la razón a los vecinos. A día de hoy, quedan 27 viviendas en propiedad del Ivima y aún tienen que rehabilitarse siete de estas en cinco edificios distintos.