Soriano: «La liberalización del sistema de cuotas lácteas no tendrá incidencia en la región»

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha afirmado que los cambios que el Ministerio de Agricultura -con la colaboración del Gobierno regional- ha introducido en la normativa sobre las relaciones contractuales en la compra y venta de leche cruda, el llamado «paquete lácteo», «favorecen la transparencia, protegen a los ganaderos y aportan estabilidad a las industrias». Así, será el fin del sistema de cuotas lácteas a partir del 1 de abril, «lo que traerá una liberalización de la producción de leche».

Un asunto que, según Soriano, no afectará al sector lácteo de la región, al revés, será beneficioso: «El fin de las cuotas puede traer nuevas oportunidades a nuestras explotaciones y a nuestras industrias, al favorecer sus relaciones comerciales toda vez que España produce un 33 por ciento menos de lo que demanda el mercado nacional».

Así lo ha señalado esta mañana en Alovera (Guadalajara), durante su visita a la empresa Lácteos Industriales Agrupados (LIASA), en la que ha recordado que la normativa entró en vigor el pasado 1 de marzo, y da de plazo hasta el 1 de abril para que todos los contratos se acojan a las nuevas condiciones.

Soriano ha explicado los cambios más destacados, como la obligación de que el comprador realice una oferta con dos meses de antelación a la finalización del contrato en vigor o del inicio de la entregas en caso de un nuevo contrato. «Con esta medida evitamos posibles contratos con carácter retroactivo, a la vez que pretendemos que el ganadero tenga tiempo para estudiar y comparar ofertas», ha explicado.

Otra importante novedad es que se fija un plazo mínimo de un año para la duración de los contratos cuando el proveedor de la leche sea un productor –no en el caso de intermediarios-, «con lo que damos estabilidad a ambas partes, que podrán desarrollar su labor con un horizonte de 12 meses de seguridad en el suministro, en el caso de las industrias, y de la venta del producto en el caso del ganadero«».

En todo caso, la consejera de Agricultura ha indicado que «por motivos plenamente justificados, el productor podría rechazar esta duración mínima, notificándoselo a la administración regional correspondiente».

María Luisa Soriano ha resaltado otros cambios que conlleva la normativa, como la inclusión de un porcentaje máximo del 10 por ciento de tolerancia en el volumen suministrado –que antes no tenía límites-; o que aunque el precio puede seguir siendo fijo, variable o mixto, en el caso de la parte variable se obliga a que los parámetros de referencia acordados por ambas partes deben proceder de fuentes públicas y accesibles.

El texto también prohíbe la existencia de contratos simultáneos entre un mismo suministrador y un mismo receptor; invalida los contratos con enmiendas o tachaduras; restringe las adendas a casos excepcionales y no podrán referirse al precio pactado; limita los cambios a través de adendas en el volumen de leche pactado a un máximo del 25 por ciento del volumen de leche inicialmente acordado; o autoriza a las Organizaciones de Productores de Leche (OPL) a externalizar cualquiera de sus actuaciones, salvo la producción.