Guerra entre Xunta y oposición por el Consorcio de Servicios Sociales

El aroma a precampaña se percibe en la vida política. Eso quizás pueda explicar que la oposición coincidiera ayer en criticar a la Consellería de Traballo e Benestar por el procedimiento de liquidación del Consorcio de Servicios Sociales como paso previo a la incorporación de los concellos a la recién creada Agencia del ramo. La incoherencia procede de que tanto PSOE como BNG vieron con buenos ojos en el seno de la Fegamp el pasado año el procedimiento de liquidación que la Xunta está aplicando, y que ahora es motivo de crítica.

El origen está en los equívocos que han generado los acuerdos de adhesión firmados por la Xunta con los concellos para su incorporación al Consorcio, tanto con el bipartito como con el gobierno actual.

Según esta redacción, ambas administraciones se hacían corresponsable de costear los gastos de mantenimiento de escuelas infantiles, centros de día y residencias en base a unos porcentajes. Sin embargo, desacuerdos en conceptos y cantidades llevaron a muchos ayuntamientos a no pagar por discrepar con la Xunta, engordando una deuda millonaria. Así durante varios años.

Ante esta situación enquistada, la conselleira Beatriz Mato planteó a la Fegamp el pasado año una fórmula para liquidar las deudas de los concellos con el Consorcio, clausurando este ente y transfiriendo a los municipios a la nueva Agencia de Servicios Sociales. Quienes pasaran de uno a otra verían condonada el 50% de su deuda con la Xunta. Además, en el nuevo modelo cada concello pagaría una cantidad fija por niño o anciano que usara las instalaciones públicas. De ese modo se daba respuesta a otra demanda del municipalismo: que los concellos no pagaran el coste de usuarios de otros concellos. Los tres partidos representados en la Fegamp avalaron la propuesta planteada por la Xunta.

Ayer, BNG y PSOE se desmarcaron de su respaldo al modelo alegando que supone «un chantaje» para los ayuntamientos la ruptura de convenios que estaban firmados para diez años. Según la socialista Carmen Gallego, su partido estudiará el modo de judicializar esta reclamación.

El BNG dará un paso más y no entrará en la Agencia con las condiciones planteadas por la Xunta —anunció ayer—, que le valían hace un año pero no ahora. Reprochan a Traballo que haya impuesto «unilateralmente» las condiciones y las cantidades a abonar por niño y anciano, y reclaman que se reabra un proceso de negociación.