Lesmes llama a los jueces a trabajar para que la sociedad confíe en ellos

Que la confianza de la sociedad en los jueces se ha quebrado, o al menos genera dudas, en los casos que afectan a personajes públicos como políticos o empresarios fue la nota predominante ayer en la inauguración de la Escuela de Verano del Poder Judicial, que celebra su mayoría de edad en el Pazo de Mariñán y de cuya apertura se encargaron el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes; el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; y el presidente de la Diputación de La Coruña, Diego Calvo, en uno de sus últimos actos antes de dejar el cargo.

Estas jornadas se desarrollan en esta ocasión bajo el título «La relación del Poder Judicial con los otros poderes el Estado.

Política e independencia judicial» y a esa situación aludió Lesmes en su discurso, donde recordó que «sin Justicia no hay convivencia» y que las sociedades solo pueden crecer «en paz y concordia si cuentan con un mecanismo independiente y neutral» encargado de dirimir sus conflictos y al que se le reconozca su «legitimidad» tanto por parte de la ciudadanía como más allá de nuestras fronteras, pues ve «fundamental que se perciba el sistema judicial español como fiable y seguro».

«No les podemos fallar», instó Lesmes a los jueces, a quienes exigió «cercanía, transparencia, ejemplaridad y profesionalidad» ante los nuevos «retos y aspiraciones» de la sociedad. A los reunidos en estas jornadas estivales los situó como ejemplo de todas esas cualidades por su «búsqueda de la excelencia con una formación continua».

Aforados y corrupción

Feijóo —que hoy será recibido por el Rey en la Zarzuela— le antecedió en el turno de palabra con un repaso al «compromiso» de la Xunta en garantizar la independencia judicial con medidas como el «plan de impulso democrático» que llevó al Parlamento autonómico o la inversión en la modernización de los instrumentos a su servicio, algo para lo que —según recordó— su Ejecutivo ha invertido 30 millones de euros durante los últimos cinco años.

Cuestiones de actualidad y que suscitan un intenso debate como los aforamientos o las penas en los casos de corrupción serán las que se aborden durante los próximos días en la localidad coruñesa de Bergondo, donde se estudiarán los programas políticos de nuevos partidos como Podemos o Ciudadanos en relación a la Justicia.

Calvo, que el lunes terminará su mandato en la Diputación de La Coruña y número dos del PPdeG en esta provincia, fue especialmente contundente en su intervención ante la ruptura de la confianza de buena parte de la población: «Nuestra obligación democrática y responsabilidad institucional es decirle a la gente que el sistema funciona, aunque sea mejorable».

Sin «caer en la radicalidad», sí pidió que se busque un «nuevo perfil» al aforamiento, dado que «se ve como un privilegio y no como una competencia procesal», y nuevas vías para castigar la corrupción que vayan más allá de una inhabilitación «por larga que sea».