Jesus Terciado y Hector García Arias en una imagen de archivo
Jesus Terciado y Hector García Arias en una imagen de archivo - ical
economía

La patronal pagó facturas a empresas por servicios que hacían sus empleados

La auditoría externa recoge abonos sin justificar en la época de Terciado y García Arias

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A la espera del informe jurídico que pudiera derivar en alguna actuación por parte de Cecale contra la anterior dirección de la patronal encabezada por Jesús Terciado y con Héctor García Arias como secretario general, las irregularidades descubiertas por el informe de auditoría interna realizado por KPMG parecen no tener fondo. Uno de esos capítulos «negros» del pasado reciente de la Confederación tiene que ver con los observatorios que desarrollaba para distintas actividades de difusión. Con el número 2 de la patronal en aquel momento como principal protagonista, los «reproches» que se citan incluyen el abono de facturas a empresas por valor de más de 31.000 euros por servicios que «fueron realizados en parte por los propios empleados de Cecale».

Además, también se concreta el pago por bienes y servicios que no fueron recibidos a cambio de otros que no «cuadran» y por los que Cecale habría abonado un exceso de 7.322 euros.

En el primer caso, se recoge un pago de 19.116 euros a Publicidad JRR por la «edición, diseño e impresión del informe del Consejo Empresarial de Castilla y León». En aquella factura -de septiembre de 2010- había una anotación en la que se hace referencia a que el trabajo fue realizado por Rita Rodríguez y por personal interno de Cecale y aparece la cifra de mil euros lo que implicaría, según el estudio, «que Cecale habría abonado una factura por servicios que fueron realizados con sus propios empleados y por una persona ajena a Publicidad JRR». El bufete Rodríguez Centeno&Rodríguez Merino, al que pertenece la citada Rita Rodríguez, habría facturado un importe de mil euros más IVA por un concepto «que es coincidente» con el de los servicios por los que Publicidad JRR habría facturado previamente a Cecale 19.116 euros, según KPMG, que señala que Rodríguez tiene relación con García Arias «en la medida que es hija de un amigo personal suyo». La misma empresa también tiene otro incidente que se concreta en un saldo pendiente de cobrar de 5.238 euros después de que la firma pasara una factura de 100.000 euros -también vinculada a la difusión de acuerdos del Diálogo Social, en este caso en 2008- cuando los servicios prestados «no detallados» -según el estudio- ascienden a dos pagos de algo más de 41.000 y 45.000 euros más IVA.

En cuanto al Observatorio de Difusión del año 2011 se analiza la compra de mil USB por valor de 30.000 euros y se identifica «una discrepancia» entre el detalle de gastos «preparado por Héctor García Arias» y la factura de Blue Marketing&Gift. Así, mientras que la totalidad de los elementos adquiridos a esta empresa «se corresponden con mil USB por 30.000 euros, en la factura los mil USB ascienden a 12.950 euros», aunque también es cierto que aparecen otros productos cuya suma tampoco llegan a los 30.000 euros abonados. La auditoría concluye que la factura emitida «se encuentra sobrevalorada y no muestra la realidad de los servicios prestados».

Respecto a la «aplicación Apps/store acuerdo de competitividad a través de Cecale», la factura fue emitida por Altia Consultores S.A. por importe de 8.474 euros. Al respecto, el estudio habla de una serie de correos electrónicos intercambiados entre García Arias y un trabajador de la firma en los que comentaban que Cecale tenía un saldo a favor de Altia por valor de 1.574 euros «que no está registrado en los libros de Cecale».

Plagio

Por lo que se refiere a los observatorios de Energía 2011, desde Cecale se traslado que de los 5.031 euros correspondientes a servicios que, presuntamente AF Diseño y Comunicación habría prestado a Cecale, un total de 2.966 euros «nunca se habrían producido». Por último, entre los aspectos más sorprendentes hay un trabajo de agosto de 2010 elaborado por el proveedor Zitec Consultores S. L. por un importe de 40.000 euros en el que, según KPMG, existen «numerosos extractos que fueron copiados de fuentes públicas sin modificación alguna».

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