Demandan a Trump por mezclar la presidencia con sus negocios

Es la historia de una demanda anunciada. Y vendrán más. La peculiar forma en que Donald Trump quedó vinculado a su imperio, traspasando a dos de sus hijos la gestión pero manteniendo la titularidad, es la principal fuente de un posible conflicto de intereses entre el propietario de los negocios y el inquilino de la Casa Blanca. La motivación legal, y también política, la han añadido los dos fiscales generales de orientación demócrata, el del Distrito de Columbia y el de Maryland, con una denuncia conjunta que aspira además a que el juez obligue a Trump a entregar sus declaraciones de impuestos. Un recurso judicial que cubra la impotencia de la formación a la que apoyan.

El nuevo frente contra el outsider que gobierna Washington, sumado a la acusación de obstrucción a la Justicia en torno a la investigación de la presunta trama rusa, oscurece aún más el mandato más turbio en décadas, marcado por la lucha partidista, periodística y judicial.

La denuncia de Karl A. Racine y Brian E. Frosh no supone ningún descubrimiento jurídico. Desde antes de tomar posesión de su cargo, el inédito origen empresarial de Trump, propietario de un gran imperio de negocios amasado durante muchos años, suponía un desafío legal. Como en tantos otros asuntos, pese al reiterado consejo de sus abogados de separar completamente los dos ámbitos, la decisión del nuevo presidente contribuyó a fabricar futuros embrollos.

Según la demanda de los fiscales generales, que el ocupante del Despacho Oval sea el propietario de los negocios y los supervise periódicamente, tal como sus hijos Eric y Donald Jr. han reconocido públicamente, «supone una violación de la Constitución sin precedentes, ya que el presidente optó también por conservar la propiedad de la compañía». En concreto, de las cláusulas anticorrupción que prohíben a los empleados públicos recibir dinero o regalos de gobiernos extranjeros, o un pago por los servicios que se lleven a cabo.

Limitación constitucional

Los demandantes entienden que este extremo ya se está produciendo, dada la confusión permanente entre ambas labores, empresarial y presidencial. Con terminología propia del siglo XVIII, cuando fue elaborada, la Carta Magna norteamericana cita expresamente la prohibición a «cualquier persona en cargo público» de aceptar «cualquier regalo, emolumento, cargo o título, de un Rey, Príncipe o estado extranjero». Con la única excepcionalidad de que el Congreso lo apruebe.

Si un juez acepta tramitar la demanda, se iniciaría un proceso judicial contra Trump que, con toda probabilidad, terminaría en manos de la Corte Suprema, al tratarse de una presunta violación de la Constitución.