Un fiscal pide investigar a Macri por el acuerdo sobre una vieja deuda de una empresa familiar

Macri tiene un problema con Macri. El presidente de Argentina está en el ojo del huracán por una deuda histórica de su padre con el Estado -y viceversa- por la privatización y posterior expropiación, del servicio de Correo postal. El intento del Gobierno de resolver ese conflicto, entre el Estado y Franco Macri, mediante un acuerdo judicial, abrió la caja de los truenos de la oposición que acusa al Ejecutivo de Mauricio Macri de favorecer los intereses de la familia del presidente.

La polémica, en año de elecciones legislativas, está servida y los políticos, en función del partido al que pertenecen, hacen de los números un relato de realismo mágico, costumbrista o biográfico, según les convenga. En el remolino de interpretaciones se cuelan denuncias directamente contra el presidente del Gobierno al advertir que toda la trama está atravesada de un conflicto de intereses por un posible acuerdo que perjudicaría al Estado en beneficio de Franco Macri por aplicar una quita indebida.

El fiscal Juan pedro Zoni, próximo a la corriente kirchnerista Justicia Legítima, imputó con esa idea en mente al presidente del Gobierno y a Oscar Aguad, el ministro responsable de intentar un acuerdo que , para concretarse, debe pasar diferentes filtros judiciales.

Según Aguad, Mauricio Macri no estaba al corriente del proceso de conciliación iniciado. «Se que cuesta trabajo creerlo pero jamás hablé de esto con él», declaró. No obstante, añadió que sí informó en su día al todopoderoso jefe de Gabinete, Marcos Peña. Dicho esto, resulta poco verosímil pensar que el presidente no estuviese informado. Más realista parece pensar que ambos no tomaron nota del costo político que se avecinaba.

El origen del problema se enmarca en la adquisición de Franco Macri -mediante la empresa familiar Socma- del Correo Postal a principios de los 90 y su falta de pago posterior de impuestos, tasas y demás obligaciones durante una larga década. La empresa quebró en el 2001 con una deuda original de unos 300 millones de dólares. En ese contexto, en el 2003, Néstor Kirchner la expropió (reestatizó) pero no indemnizó ni absorbió o compenso el crédito que afrontaba el padre del presidente por la compañía, razón por la cual Franco Macri, a su vez, interpuso varias demandas al Estado que están pendiente de resolución.

Condonar la deuda

El actual Gobierno decidió resolver definitivamente el asunto, en el ámbito de la justicia y cuando parecía haber llegado a un acuerdo económico que estaba pendiente de ratificarse en instancias superiores de la justicia, estalló el escándalo. Según la cuenta de la oposición kircherista, aquel supone condonar 70.000 millones de pesos al padre de Macri, pero según el Gobierno –y buena parte de los analistas- esa cifra es fruto de la imaginación perversa de un bloque que piensa más en la renovación parcial de las Cámaras del mes de octubre que en reflejar la verdad. La oposición, observan, no parece tener en cuenta que la empresa, desde que se declaró en concurso de acreedores, quedó exenta del pago y los intereses que contabilizan los detractores de la familia Macri. Asimismo, critica que realicen operaciones de cálculo como si en Argentina estuviera en vigor, como sucedía entonces, la ley de convertibilidad que establecía idéntico valor para un peso y un dólar. Hoy la divisa estadounidense equivale a menos de 16 pesos.

Este asunto se ha convertido en un filón político de gran calado. A un lado se recuerda que los gobiernos kirchneristas, con los que Franco Macri tuvo buena relación en términos personas y de negocios, son responsables de haber dejado pasar el tiempo y que el problema se acreciente. Por otro, el kirchnerismo duro y Julio De Vido,ex ministro responsable del ramo y con una docena de querellas pendientes, se defiende diciendo que no se resolvió porque el acuerdo era tan negativo como el que ahora propone el Gobierno.

«Lo único que ha querido hacer el Gobienro es cobrar la deuda», insistió Aguad que junto a Peña instó a la intervención de todos los organismos de control nacionales e internacionales (incluíod el BID) para demostrar que su proceder es «absolutamente transparente».

El Estado, en rigor, durante la última década se lavó las manos frente a la deuda de Franco Macri que continúa exigiendo en la justicia una compensación por la expropiación de la empresa. «Lo importante -reiteró en rueda de prensa Marco Peña- es ser transparente y que haya vocación de resolver un problema del que muchos opositores no se ocuparon cuando ellos gobernaron».