China refuerza sobre su control sobre las ONG extranjeras con una nueva ley muy restrictiva

En medio de fuertes críticas internacionales, el régimen chino ha aprobado este jueves una nueva ley muy restrictiva sobre las 7.000 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) extranjeras que operan en este país. Con el argumento de regular su trabajo para impedir que dañen las sacrosantas «seguridad nacional y unidad étnica y del país», esta legislación otorga amplios poderes a la Policía para registrar sus sedes, investigar sus cuentas, detener e interrogar a sus miembros e incluso cancelar actividades que puedan resultar sensibles. A partir del 1 de enero de 2017, las ONG extranjeras deberán contar con el patrocinio de un grupo gubernamental chino y tendrán que inscribirse en un registro del Ministerio de Seguridad Pública, y no de Asuntos Civiles.

Aunque la nueva norma exime a universidades, hospitales e institutos científicos y suprime algunas restricciones administrativas actuales, como la de no permitir más de una oficina en China o limitar su actividad a cinco años, ha sido acogida con una repulsa generalizada en el extranjero.

Desde Estados Unidos, donde la Casa Blanca ha denunciado que «estrecha aún más el espacio civil para la sociedad», hasta numerosas ONG, ha abundado el rechazo a su espíritu autoritario.

«La nueva ley tendrá serias consecuencias sobre la libertad de expresión y asociación, que ya están muy restringidas por las actuales leyes y políticas», reprocha Amnistía Internacional en un comunicado. Para su responsable en China, William Nee, «las autoridades, y en particular la Policía, tendrán virtualmente poder ilimitado para perseguir a las ONG, cortar sus actividades y, finalmente, reprimir a la sociedad».

Con él coincide Sophie Richardson, directora en China de Human Rights Watch, quien denuncia en otra declaración oficial que «Pekín apenas necesita más munición para aplastar a los grupos sociales» y acusa directamente al presidente, Xi Jinping, de esta creciente represión. A su juicio, «la ley sobre las ONG es como muchas otras de la era de Xi Jinping: una herramienta todavía más fuerte para legalizar los abusos de derechos humanos en China».

Refuerzo del control social

Esta ley es la última de una serie de regulaciones aprobadas durante los últimos meses por el autoritario régimen chino, que está reforzando sus controles sobre la sociedad, cada vez más informada y mejor preparada. En julio del año pasado, una amplia ley de seguridad nacional daba prácticamente carta blanca a las autoridades sobre todos los ámbitos que pudieran suponer una amenaza para el régimen. En diciembre, una ley antiterrorista fue muy criticada por no respetar las garantías religiosas de las minorías étnicas de China, como tibetanos y uigures, y por permitir la persecución de las voces «extremistas» que se opongan a las políticas del régimen. Para este año, Pekín tiene previsto promulgar una ley sobre «ciberseguridad» que ampliará aún más la censura sobre internet.