Pinochet encubrió a los responsables del «caso Quemados» en 1986

El presidente chileno, Augusto Pinochet, tuvo conocimiento de que miembros del Ejército fueron los responsables del llamado «caso Quemados» (dos jóvenes manifestantes fueron rociados con gasolina y quemados en julio de 1986) y fue el principal encubridor de los responsables, según indican despachos internos de las autoridades estadounidenses que ahora se publican.

Precisamente la semana pasada un juez chileno reabrió el caso a partir de la confesión de uno de los participantes en la acción, quien dijo haber sido conminado por altos mandos a guardar un pacto de silencio sobre uno de los episodios más sombríos de la represión durante la dictadura de Pinochet. El juez ha ordenado la detención de doce militares en la reserva.

El 2 de julio de 1986, el fotógrafo Rodrigo Rojas, de 19 años, y la estudiante universitaria Carmen Gloria Quintana, de 18, fueron detenidos cuando protestaban en una jornada de paro nacional.

Fueron rociados de gasolina y quemados en un callejón de Santiago de Chile y luego arrojados a una zanja junto a un camino rural. A pesar de su grave estado los jóvenes pudieron pedir ayuda y fueron trasladados a un hospital. Rojas falleció cuatro días después y Quintana sobrevivió con quemaduras en el 62 por ciento del cuerpo.

En despachos enviados desde la Embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado norteamericano y a la Casa Blanca, así como en un mensaje de la CIA –todos ellos documentos hechos públicos en una colaboración entre la Universidad George Washington y los Archivos Nacionales– se detalla cómo Pinochet estuvo al tanto de lo ocurrido y ordenó encubrir a los autores de la agresión.

Investigación

Así, cuando unas semanas después del suceso el jefe de los Carabineros presentó un informe a Pinochet, señalando a miembros del Ejército como responsables, este se negó a aceptar las conclusiones y ordenó la obstaculización de las investigaciones. El caso se intentó tapar ya en el mismo hospital en el que los jóvenes fueron atendidos, sin permitir que fueran trasladados a un lugar con mejores condiciones, y luego se intimidó a testigos y posibles fiscales.

Según el antiguo militar que ha confesado «a cambio de nuestro silencio la institución nos proveyó de permisos y de dinero».