El Gobierno vasco pide al Ayuntamiento de Galdácano que cancele la exposición del etarra Jon Bienzobas

Erkoreka reprocha al Consistorio que permita la exhibición cuando las instituciones públicas propugnan una «lectura crítica del pasado»

EFE

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El Gobierno vasco ha pedido abiertamente que se cancele la exposición de las obras del etarra Jon Bienzobas inaugurada ayer en el municipio vizcaíno de Galdácano. Una muestra que, aunque no está prohibida por la Ley, puede herir la «sensibilidad» de las víctimas del terrorismo, sostiene el Ejecutivo, que reprocha al Consistorio que haya arropado una exhibición de esta naturaleza en un momento en el que las instituciones públicas del territorio propugnan una «lectura crítica del pasado».

El Gobierno vasco toma así posición sobre la polémica muestra que se abrió este lunes al público en Galdácano. Las obras se exhiben en la casa de cultura Torrezabal, un espacio público facilitado por la administración de EH Bildu. Por la mañana, una comitiva del PP vasco encabezada por su presidente, Alfonso Alonso ; y por su secretaria general, Amaya Fernández, se desplazó hasta el municipio vizcaíno para denunciar la «aberrante» exposición del etarra , condenado a 266 años de prisión por diversos crímenes de sangre, entre ellos el asesinato del expresidente del Constitucional Francisco Tomás y Valiente. A las críticas de los populares se sumaron diversas asociaciones de víctimas, así como los familiares del propio jurista, que en declaraciones a EP subrayaron la «despreciable intencionalidad política» del Consistorio .

Cierto es que la Ley no prohíbe expresamente la exhibición de las obras del etarra. Tal y como avanzó ABC este lunes, la Audiencia Nacional desestimó la petición de Covite para cancelar la muestra: «Se trata de una exposición de cuadros y esculturas realizado por una persona condenada a prisión, integrante de la organización terrorista ETA», sostiene el juez en la sentencia.

El Ejecutivo vasco, sin embargo, considera que este asunto trasciende el ámbito legal: «No se trata de poner en cuestión el derecho a la expresión artística de una persona condenada por ese motivo —ha declarado hoy el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka —, sino de cuestionar la cobertura pública a una actividad de esta naturaleza en un momento en el que desde las instituciones públicas estamos propugnando una lectura crítica del pasado». En este sentido, el considera que la cancelación de la muestra constituye un «imperativo ético y humano» vinculado a la «sensibilidad que demandan las víctimas».

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