Las seis noticias que debes conocer hoy, jueves 31 de enero
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1. Maduro recauda dólares a través de una plataforma controlada desde España. El otro enigma que Venezuela debe resolver estos días se llama Interbanex. En medio de lo que parece la peor crisis política que enfrenta Nicolás Maduro, su Gobierno ha inaugurado una plataforma digital el pasado lunes que formará parte del sistema de mercado cambiario, es decir, de la compraventa de dólares en un país sometido desde hace más de 15 años a un férreo control de divisas. Su objetivo sería ser un salvavidas ante la asfixia económica a la que está siendo sometida por Estados Unidos. «Nosotros somos una plataforma autorizada por el Banco Central de Venezuela (BCV) que va a intentar dar transparencia al mercado cambiario y que solo va a estar dedicada a privados», así se presentaban ante los venezolanos Interbanex en su cuenta de Twitter. Inmediatamente las dudas de quiénes están detrás de esta plataforma dispararon las alarmas. La empresa registrada de forma expedita el 18 de enero de 2019 como una compañía anónima denominada Interban Exchange C.A tiene dos accionistas: la empresa española Ampajesu S.L, registrada en Granada el 24 de octubre de 2018, y la mercantil Bull Equity Management Ltd, constituida en Barbados, territorio incluido en la lista negra de paraísos fiscales de la UE hasta el año pasado.
2. Los padres de Laura Luelmo: «Merecemos que el Estado nos pida perdón por su fracaso» con el asesino. Desde que se conociera la noticia del asesinato y violación de la profesora zamorana Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) el pasado 12 de diciembre su familia siempre ha estado alejada de los focos y en un discreto segundo plano. Ni un comentario público, ni una imagen en los medios de comunicación, ni una sola frase ha salido por boca de los padres y del entorno de la joven asesinada a manos del exrecluso Bernardo Montoya. Pero la indignación y las muestras de apoyo social han permitido a la familia Luelmo Hernández armarse de valor y decir todo lo que han estado callando este tiempo en una carta a la que ha tenido acceso ABC . «Merecemos que el Estado nos pida perdón por su fracaso», escriben, pidiendo que se cumplan íntegras las condenas de asesinos y violadores reincidentes.
3. La Seguridad Social prohíbe el derecho a traslado a sus 21.600 funcionarios. La resolución es tajante, no deja lugar a dudas. Se impedirá la movilidad de los trabajadores. Los empleados públicos que trabajan para la Administración de la Seguridad Social no podrán pedir traslado a otros órganos de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o solicitar un traspaso a cualquier organismo público vinculado o dependiente de cualquiera de las Administraciones Públicas o universidades. Y si lo hacen, será automáticamente denegado. Así lo ha dispuesto el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, en una resolución firmada el pasado 3 de enero a la que ha tenido acceso ABC. En el dictamen, el máximo responsable de la Seguridad Social y uno de los hombres fuertes de la ministra Magdalena Valerio, ordena a los directores provinciales del instituto de previsión y a la subsecretaría de Trabajo que denieguen cualquier informe de traslado, incluso en el caso de que «las personas que serían transferidas se comprometan a cubrir su plaza con otro u otra empleado/a público/a, que haya expresado su consentimiento en este sentido».
4. El taxi de Madrid reconoce 21 millones de pérdidas pero mantiene su pulso. Diez días y sumando: los taxistas de Madrid mantienen sus paros y advierten que seguirán adelante con ellos por tiempo indefinido, hasta que logren su objetivo. Incluso preparan una gran manifestación en la capital, en la que se acompañarán de otros colectivos como las «mareas» de sanidad o educación, los jubilados o trabajadores en precario. Y eso que ayer, día en el que volvieron a cortar la Gran Vía madrileña, reconocían pérdidas económicas cercanas a los 21 millones de euros durante estos días de paro, y que eran conscientes de que la huelga «nos va a pasar factura». Ayer plantearon una nueva propuesta al Gobierno regional, que insiste en la precontratación de VTC con un mínimo de una hora y les exige además trayectos mínimos de 5 kilómetros. El presidente de la Comunidad de Madrid, una vez estudiada, la rechazó por considerarla «aún más radical» que la de la semana anterior. Pese a todo, en un intento de volver a abrir la negociación, a última hora de ayer anunciaron que descovocaban la concentración delante de la sede del PP, en la calle Génova, al menos hasta que conozcan la comparecencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos en el Congreso. Con todo, las asociaciones del gremio indicaron que mantendrán la protesta de la tarde en la Puerta del Sol.
5. Sánchez se vuelca con Pepu para que su rival se aparte y no haya primarias. Sin el más mínimo disimulo tanto Moncloa como Ferraz se vuelcan desde el primer momento con la precandidatura de Pepu Hernández para ser el cabeza de cartel del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. El objetivo es evitar cualquier sorpresa en el caso de que finalmente haya unas primarias, algo que prefiere evitarse aunque en estos momentos de da por hecho. Estaba asumido que el presidente del Gobierno se iba a reservar la potestad de designar al candidato en la capital de España. Pero la supremacía en el espectro de la izquierda de la alcaldesa Manuela Carmena, que ya dejó al PSOE en 2015 en mínimos históricos, ha dificultado a Sánchez la búsqueda de su candidato. Esas dificultades, unidas a la deriva descendente del partido en la capital, sembraron el caldo de cultivo para que ya en el mes de octubre Manuel de la Rocha, exalcalde de Fuenlabrada e histórico de Izquierda Socialista, decidiese a sus 72 años dar el paso para presentarse a las primarias. Una tarea en la que lleva meses trabajando.
6. Los terroristas detenidos tenían protección especial de Alemania. Tres iraquíes fueron detenidos a primera hora de ayer en un piso de Elpersbüttel, un pueblo de 800 habitantes en Schleswig-Holstein, norte de Alemania. En una operación coordinada de unidades especiales de policía de varios Bundesländer, fueron registrados cinco inmuebles y conducidos a comisaría Shahin F. y Hersh S., ambos de 23 años y acusados de «planear un atentado contra la seguridad nacional y de infringir la normativa sobre armas y explosivos», junto a Rauf S., de 30 años y sospechoso de haberles prestado ayuda para conseguir un arma de fuego en el mercado negro, una pistola Makarov 9 milímetros que pretendía utilizar para perpetrar el atentado. El presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), Holger Münch, confirmó horas después en una rueda de prensa que los sospechosos planeaban «matar a la mayor cantidad de gente posible» y que se trataba de tres refugiados que ingresaron en Alemania en 2015.
