Flores da la cara hoy acorralado por las pruebas de la tragedia del Madrid Arena

El macrojuicio por la muerte de cinco jóvenes de entre 17 y 20 años en el pabellón municipal Madrid Arena sentó ayer en el banquillo de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid a los 15 imputados por el juez instructor, Eduardo López-Palop. El empresario nocturno Miguel Ángel Flores, organizador del evento, es el principal acusado y se enfrenta a cuatro años de cárcel por la presunta comisión de cinco homicidios por imprudencia grave.

Ayer vivió su primera derrota. El tribunal no admitió las dos peticiones de su letrado, José Luis Fuertes: anular parcialmente la instrucción, alegando la «indefensión y la vulnerabilidad de derechos» de su patrocinado, y la necesidad de que se investigara a dos concejales del gobierno de Ana Botella (PP) cuando ocurrieron los hechos, la madrugada de Halloween de 2012.

Se trata de Pedro Calvo, entonces edil de Economía y presidente de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), entidad municipal que gestionaba el recinto, y Fátima Núñez, responsable de Policía Municipal. «Por sus cargos debían tener conocimiento del estado del edificio, así como el delegado del Área de Seguridad, Antonio de Guindos», aseveró Fuertes.

La presidenta del tribunal argumentó que «el representante de un acusado no tiene por qué ordenar que continúe una investigación que el instructor declaró conclusa», en alusión a los políticos: «No entiendo esa petición de nulidad parcial, porque no está relacionada con la vulneración de los derechos fundamentales de Flores, ya planteados en la instrucción con ocasión de su detención y las medidas cautelares que le fueron impuestas».

Esos mismos argumentos fueron utilizados por el Ministerio Público y las acusaciones particulares en una jornada en la que se plantearon cuestiones previas y nuevas pruebas. Así, la fiscal precisó que la defensa «no tiene en cuenta que el juez de instrucción acordó no imputar a los políticos citados cuando concluyó la fase de instrucción, y su decisión no fue recurrida».

El letrado de Flores había alegado que, de no investigar a los concejales, «recaería la responsabilidad solo» en Diviertt (la promotora de Flores), las empresas Seguriber (que prestaba servicio de vigilancia en el exterior) y Kontrol 34(los porteros contratados por el empresario), además de Madridec. Explicó que no solicitaba un aplazamiento ni la nulidad del proceso porque hay pruebas suficientes para juzgar a los 15 encausados. Pero incidió en la existencia de graves irregularidades procesales relativas a la falta de parcialidad de López-Paloo y a la indefensión de Flores.

Unos extremos rechazados por las acusaciones particulares. María José Siñeriz, que representa a los padres de Cristina Arce, precisó que la defensa no vincula la nulidad parcial a ningún artículo en concreto, norma ni derecho fundamental y que, de ningún modo, ha habido vulneración derechos. « No entiendo dónde está la nulidad». Además, Abdón Núñez, abogado de los parientes de Belén Langdon, recalcó que el arresto de Flores estaba justificado: «Se produjo porque no acudió a firmar al juzgado y porque negó que tuviera negocios en el extranjero, cuando los tenía en Ecuador y Panamá, con el consiguiente riesgo de fuga.

Fuertes eludió lo que había anunciado que sería una pieza clave en su estrategia: demostrar que no hubo sobreaforo. Tal vez, ante las evidencias «indubitadas», según los escritos de la Fiscalía y del instructor de que casi se triplicó el aforo, al pasar del límite legal de las 10.620 personas a «no menos de 30.000». El abogado sí incidió en solicitar una pericial con los técnicos municipales que dictaminaron la ilegalidad del recinto, una prueba denegada por la juez, al haberse debatido en la instrucción. La magistrada admitió un informe sobre las características del Madrid Arena, así como que acuda a declarar como testigo De Guindos. «La defensa intenta confundir la seguridad del edificio con la del evento», recalcó Siñeriz. Para hoy queda por decidir si el tribunal admite estudiar los dos informes existentes sobre el plan de vigilancia, uno adulterado y otro no, según el abogado de Seguriber. «El válido es el que lleva el sello de esa empresa y de Madridec».

Hoy declarará Miguel Ángel Flores, que ayer se mostró cabizbajo ante el plenario.