Cofely trabajará con el Ayuntamiento de Parla una semana más para evitar el corte del suministro de luz

La empresa Cofely, vinculada a la trama Púnica, se mantendrá todavía unos días trabajando con el Ayuntamiento de Parla para evitar el corte en el suministro de luz y gas de los edificios públicos municipales, a pesar de que el pasado viernes el consistorio anunciaba la rescisión del contrato por voluntad de la compañía. Así lo han manifestado fuentes municipales, que señalan a Europa Press que por el momento se ha llegado al compromiso «verbal» de que Cofely continúe unos días más hasta que el Ayuntamiento ultime la firma de un nuevo contrato con otra empresa concesionaria.

Dichas fuentes indican que las negociaciones con una determinada empresa están «muy avanzadas», si bien no se hará público su nombre hasta que se firme la concesión para el mantenimiento del alumbrado público y el suministro energético.

Desde el consistorio explican que Cofely se mantendrá al menos una semana más y hasta que se produzca el trasvase de poderes a la nueva concesionaria, para propiciar así que no se perjudique a los vecinos ni al Ayuntamiento y se produzca una transición correcta, ya que en la actualidad existen cerca de 1.300 facturas vinculadas al Ayuntamiento.

Rescisión del contrato

Cofely comunicaba la semana pasada su decisión de abandonar el servicio debido a que no cobra las facturas desde finales del año 2013, un año antes de que estallara la operación Púnica en la que fue detenido el ex alcalde de Parla José María Fraile, lo cual ha provocado una deuda de más de siete millones de euros según la propia empresa.

Por otra parte, el pasado 3 de diciembre el Ayuntamiento envió un escrito a la Audiencia Nacional en el que se recogían las facturas y la situación del contrato con Cofely para solicitar información sobre si debían ser pagadas, si bien el consistorio todavía no ha obtenido respuesta y la empresa ha solicitado la rescisión del contrato.

Desde Cofely España además recuerdan que en junio de 2015 el Ayuntamiento reconoció la deuda existente y se comprometió a solicitar ayuda financiera a la Administración General del Estado para cumplir con el pago, si bien el consistorio «no ha podido llevar a la práctica sus compromisos».