Luz verde a la ley que prohíbe cortes de energía a hogares desfavorecidos

Con los únicos votos favorables del PPdeG y con la abstención del PSdeG, la Cámara gallega aprobaba ayer, más de dos años después de su ingreso en el Parlamento, la ley de medidas de eficiencia energética y garantía de accesibilidad a la energía eléctrica. Un texto que, en opinión del BNG, completa su recorrido parlamentario «vaciado» de contenido respecto a la redacción de la iniciativa legislativa popular (ILP) entregada en su día por la CIG , pero que, a ojos del PPdeG, representa un salto adelante, situando a la Comunidad como la primera autonomía en «reformular el bono social eléctrico, respondiendo a las necesidades energéticas de los consumidores más necesitados».

La norma, defendió la portavoz de Energía de los populares, Marta Nóvoa, «blinda el pago por parte de la Administración del 50% del recibo de la luz a los hogares con menos recursos, al tiempo que prohíbe la interrupción del suministro» . «Había que poner en práctica la medida de abonar el 50% de la factura a los consumidores vulnerables, valorados por los servicios sociales de la Xunta», sostuvo Marta Nóvoa, subrayando que, a partir de ahora, «las comercializadoras estarán obligadas por ley a contar con plataformas telemáticas de comunicación con los servicios sociales de la Xunta para, con una periodicidad mensual, informar a la Consellería de la existencia de consumidores vulnerables severos». Como otro punto fuerte del texto, la diputada popular insistió en los avances regulados en materia de eficiencia a través de planes de ahorro para mejorar la competitividad del tejido productivo gallego, y consideró superada, a la vista de las valoraciones de los expertos citados en Comisión, la posibilidad de una tarifa eléctrica propia para Galicia. «Galicia no tiene competencia en esta materia y sería un mal negocio económico para los gallegos, que pagarían un 40% más de media», aseguró.

«Ni tarifa eléctrica gallega» ni «energía como bien público», recriminó desde el BNG Noa Presas , acusando a los populares de «cercenar» una ILP que llegó al Parlamento con una «legitimidad irrefutable», apoyada por más de 17.000 firmas, más de 50 ayuntamientos y tres diputaciones. Abel Losada cifró el beneficio neto de las tres grandes eléctricas españolas en los últimos siete años en 11.000 millones de euros y en 1.300 las ayudas sociales al suministro eléctrico en España, un «escaso 12%», precisó el diputado socialista calificando de «débiles» los mecanismos de compensación a rentas bajas previstos en la ley. Desde En Marea, Francisco Casal insistió en el vaciado de la ILP, recriminado al grupo mayoritario que lo que ayer se votó en la Cámara «ya no es una ley de pobreza energética, sino una ley de enunciados teóricos sobre eficiencia energética sin concretar nada».