En Marea y BNG aprovechan el «tarifazo» eléctrico para cuestionar la política social de la Xunta

En la calle y en el Parlamento, la subida de la factura de la luz es la preocupación que arranca todos los debates a finales de este enero. A iniciativa de En Marea, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicó que Galicia es un «referente» en la lucha contra la pobreza energética, gracias a la aplicación de un ticket eléctrico social para ayudar (con hasta 300 euros) al pago de las mensualidades y al acuerdo con las eléctricas para evitar cortes de luz.

El grupo rupturista achacó al PP haber «desviado» una parte del presupuesto destinado a las ayudas para sufragar la iluminación de la Ciudad de la Cultura o a incentivar el turismo termal. «Es la primera vez que se me acusa de tener un presupuesto excesivo», respondió el presidente.

En su réplica, aclaró que «la partidas fueron a todos los que solicitaron el ticket eléctrico» y aludió al desvío de fondos de la renta social municipal de La Coruña (1,8 millones de un total de 2,2) como ejemplo de la ineficacia del gobierno local de Xulio Ferreiro, referente de la izquierda populista.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, aseguró que sin embargo «los requisitos administrativos», necesarios para soliticar las subvenciones, «dejan fuera a mucha gente». La política social del Gobierno gallego, dijo, es «fría, insensible y sobre todo falsa».

También, y aunque la pregunta oral al presidente no lo contemplaba, el BNG se refirió al debate tarifario. La portavoz nacionalista Ana Pontón, solicitó a Feijóo que apostara por una tarifa propia para no ser «cómplice de expolio eléctrico» que las multinacionales, a juicio de los nacionalistas, practican en la Comunidad. La omnipresencia de la financiación autonómica en la agenda política permitió, no obstante, que Pontón pudiera denunciar que los gallegos pagan más por la factura de la luz, aún siendo excedentarios en la producción de energía frente a otros territorios del Estado. Empleó para ello el ejemplo de Caldas de Reis frente a Madrid.

El mandatario popular recordó que fue el BNG el que se opuso en la localidad pontevedresa a la construcción de una presa en el río Umio. «Es la diferencia entre los que defendemos Galicia siempre y los que defienden su ideología por con independencia de los intereses» de la Comunidad, contestó Feijóo. La Xunta abrió 2.400 expedientes sancionadores contra las eléctricas por un importe de 22,3 millones.

Paro juvenil

La pregunta del portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, dejó un debate de cifras. El economista puso encima de la mesa la pérdida de 80.000 ocupados jóvenes en el mercado laboral y el aumento de la tasa temporalidad en sus contratos. Tras hilar un relato de datos, Feijóo se manifestó con acritud: «No se puede contar las cosas de una forma tan mediocre (...) No le diga a los jóvenes gallegos que son los que más paro tienen porque es falos. No me pida que copie las políticas del Partido Socialista».

Leiceaga atacó al Gobierno por ejecutar solo cinco millones de los 37 del Fondo de Garantía Juvenil, financiado por la UE. La Xunta asegura que la gestión es «centralizada».