CRISIS EN LAS FACTORÍAS GALLEGAS
Reganosa, otra industria amenazada
La plantilla teme por su futuro después de que el Supremo le ordene realizar una declaración de impacto ambiental
Con los astilleros a medio gas mientras no se empiezan las fragatas y la central térmica de As Pontes parada , la comarca de Ferrolterra podría sumar una nueva víctima de la sangría industrial que en los últimos meses se ceba con Galicia. El comité de empresa de la planta de gas de Reganosa, en la que trabajan unas 160 personas entre plantilla directa y auxiliares , ha dado la voz de alarma. En las últimas semanas se ha entrevistado con los alcaldes de la zona para que muestren su apoyo a la regasificadora, envuelta en un sinfín de procesos judiciales que cuestionan los distintos trámites administrativos necesarios para su puesta en marcha.
En sus 20 años de vida y 12 de operación, los tribunales han analizado ya las autorizaciones a Reganosa en una veintena de ocasiones . La planta situada en el municipio de Mugardos levantó desde sus inicios una fuerte oposición social. Los primeros gaseros que entraron en la ría se encontraron con un ejército de mariscadores a bordo de sus botes para intentar frenarlos. Los detractores de la regasificadora se articulan en el Comité Cidadán de Emerxencia, que agrupa a 19 colectivos entre asociaciones de vecinos, grupos ecologistas y partidos como el BNG, IU, Podemos o el PSOE de Ferrol. Desde que el grupo Tojeiro (dueño de los supermercados Gadis) y la Xunta de Galicia (presente en el accionariado) impulsaron la terminal han denunciado supuestas irregularidades para ponerla en marcha , que la planta supondría un importante riesgo de contaminación para la ría de Ferrol o problemas de seguridad si se produjese un accidente debido a la cercanía de las instalaciones a núcleos habitados.
Pero el presidente del comité de empresa de Reganosa, Emilio López, subraya que los hechos desmienten estas acusaciones. En 12 años, indica, no se ha producido ningún episodio de contaminación, ni tampoco ningún problema de seguridad con los 350 gaseros que ya ha recibido la planta. «No es cierto que la planta tenga que estar a dos kilómetros de las viviendas, eso viene de un reglamento para instalaciones más antiguas. Con la tecnología actual, los tanques no son un riesgo», afirma el presidente del comité. López asegura, además, que en las 20 ocasiones que la justicia analizó la situación de Reganosa, 15 sentencias fueron favorables a la empresa y sólo cinco contrarias . «Pero nunca se dijo que se paralizara la actividad», subraya el sindicalista.
El último fallo llegó el pasado 17 de julio. El Tribunal Supremo dictaminó que la planta tendría que presentar una declaración de impacto ambiental. En mayo de 2016, el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones había acordado en Consejo de Ministros eximir a Reganosa de realizarla . En la sentencia, el Supremo considera que la exclusión de ese trámite no responde «a la necesidad de atender a una situación extraordinaria de imposible previsión» que había alegado el Ejecutivo. Recuerda, además, que el tribunal acoge «con cautela» que no se realice la evaluación cuando los proyectos «puedan tener repercusiones importantes en el medio ambiente».
En el recurso, los denunciantes pedían también al Supremo el derribo de las instalaciones. Pero el Tribunal se ha opuesto. «La paralización de la operación de la planta de Reganosa pondría en peligro la seguridad de suministro tanto del sistema gasista español como del portugués», indica la sentencia. Además, prosigue, supondría una mayor circulación de camiones cisterna por las carreteras produciendo un «patente riesgo para las personas y bienes». Aún así, el fallo no cierra del todo la puerta al cierre de Reganosa. Otras dos sentencias anteriores anularon la autorización administrativa previa de la planta y el proyecto de ejecución, concedidas ambas por la Dirección Xeral de Minas de la Xunta. «Será en el trámite de ejecución» de estas sentencias, afirma el Supremo, «en las que, en su caso, deberán adoptarse» las peticiones de paralización y derribo .
Para intentar seguir operativa, Reganosa ha presentado ya su declaración de impacto ambiental. «Cuando se construyó la planta no era necesaria, sólo se pedía un informe, pero a raíz de las demandas judiciales fue cuando el Consejo de Ministros la excluyó», explica el presidente del comité de Empresa, Emilio López. En agosto, el documento salía a información pública acarreando cientos de alegaciones individuales y conjuntas por parte de los colectivos integrados en el Comité Cidadán de Emerxencia. Pero en el grupo de opositores a la planta aparecía públicamente por primera vez un nuevo actor. La empresa Enagás, que posee el resto de regasificadoras de España, se mostraba contraria a la actividad de la planta de Mugardos mediante una alegación. La entrada en escena del principal competidor de Reganosa ha provocado que la plantilla, que hasta ahora había mantenido silencio ante la oposición social, haya decidido levantar la voz. Emilio López acusa directamente a Enagás de estar detrás de la batalla judicial emprendida por el Comité Cidadán de Emerxencia y sostiene que su abogada tiene vínculos familiares con altos cargos de la compañía gasista.
En su escrito, Enagás censura algunos puntos de la declaración de impacto ambiental presentada por Reganosa. De un lado, cree que el estudio de vulnerabilidad ante posibles accidentes o catástrofes «está incompleto» . De otro, apunta a que debe incorporar un apartado que «valore y justifique la aceptación social del proyecto», indica en su alegación. La compañía tiene una planta regasificadora parada en el puerto del Musel, Gijón, que podría cubrir la demanda que dejase Reganosa si ésta se cerrase.
Apoyo de los alcaldes
La plantilla de Mugardos se ha entrevistado en las últimas dos semanas con la alcaldesa de la localidad, Pilar Díaz (IU), con el regidor de Ferrol, Ángel Mato (PSOE) y con su homóloga en Narón, Marián Ferreiro (Terra Galega). Pese a que los partidos de los dos primeros se han opuesto tradicionalmente a la instalación de Reganosa en el interior de la ría , los tres manifestaron su apoyo a la continuidad de la factoría y advirtieron de la necesidad de defender la industria y los puestos de trabajo. Sin embargo, la candidata al Congreso por Pontevedra de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, volvía a reclamar este sábado que «salga de la ría de Ferrol» por constituir «un peligro ambiental» para los ciudadanos. A través de un comunicado, Díaz (IU) aseguró que su proximidad a «viviendas habitadas y núcleos de población» la convierten en «una auténtica bomba de relojería» . La nota llegaba ante el inicio en la Audiencia Provincial coruñesa del juicio contra dos exaltos cargos de la Xunta de Galicia , que han sido «acusados por la Fiscalía de falsear documentos y ocultar informes contrarios» al dragado de la ría tras una denuncia de la organización ecologista Adega. Según Yolanda Díaz, la operación fue ideada para facilitar el tránsito de los gaseros que van a descargar a Reganosa hasta Punta Promontoiro. La candidata de Unidas Podemos subraya que se realizó con explosivos para demoler agujas de roca en 2011 en «un espacio protegido ambientalmente como Lugar de Interés Comunitario». Los trabajadores indican, sin embargo, que el dragado «nada tiene que ver» con Reganosa , ya que los buques gaseros llevaban ya cuatro años en 2011 entrando y saliendo de la terminal «sin problema alguno»
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