Imagen de archivo de una manifestación contra la violencia de género
Imagen de archivo de una manifestación contra la violencia de género - ABC

Pontón pide pulsera telemática si existe orden de alejamiento

De las tres mujeres que fallecieron el año pasado en Galicia a manos de sus parejas o exparejas ninguna la tenía

Santiago Actualizado: Guardar
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El BNG quiere mayor protección para las víctimas de violencia de género, de forma que se extremen las medidas de seguridad en aquellos casos en que existen denuncias previas y órdenes de alejamiento contra el agresor. Para estos supuestos, demandan que siempre se controle al hombre con pulsera telemática, una decisión que tiene que ser decretada por un juez si lo considera necesario.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, reclamó que dicho brazalete se coloque en el cien por cien de los casos en los que exista orden de protección hacia la mujer, que cifró en casi 1.000 en Galicia. Según Pontón, de las 3.000 pulseras electrónicas que el Gobierno central adquirió en 2009, en 2015 solo estaban activas 797 en el conjunto del Estado.

Con estos dispositivos, el denunciado está controlado en todo momento, pues la Policía puede saber dónde se encuentra, de manera que en caso de acercarse a la víctima se puede actuar para impedirlo. No obstante, de las tres mujeres que en 2016 fallecieron en la Comunidad asesinadas por sus parejas o exparejas, ninguna tenía orden de alejamiento.

Valoración de riesgos

La segunda propuesta de Pontón es que se modifique el sistema por el que se valora el riesgo al que está expuesta una víctima de violencia machista. La líder nacionalista rechaza que se efectúe a través de un programa llamado «VioGén» que, asegura, «rechaza el 40 por ciento de las solicitudes de orden de protección». En su lugar, solicita que de forma inmediata la denunciante sea evaluada «por un equipo multidisciplinar que abarque desde el ámbito judicial al policial, con personal cualificado en la lucha contra la violencia de género».

A mayores, Pontón pidió más fondos en los presupuestos autonómicos y que, toda vez que los de 2017 ya han sido aprobados, se abra la línea de ayudas para las víctimas.

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