Sánchez conversa con el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, durante el acto en el Marq
Sánchez conversa con el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, durante el acto en el Marq - ABC
Informe de PWC

La zona franca de Alicante dispone de siete millones de metros de suelo en el área portuaria

El presidente de la Diputación logra el apoyo de un centenar de representantes políticos y empresarios de la provincia para el proyecto

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El proyecto de zona franca en Alicante dispone de siete millones de metros cuadrados de superficie hábil en el área portuaria, según ha desvelado el presidente de la Diputación, César Sánchez, su principal impulsor, tras aglutinar este jueves la adhesión de un centenar de representantes políticos y empresarios en un encuentro celebrado en el Museo Marq.

Con este «compromiso de las instituciones y de todos los sectores de la provincia» para implantar este núcleo industrial con ventajas fiscales en el territorio, el responsable provincial ha emplazado a los asistentes a elevar en plenos, consejos de administración y juntas directivas la propuesta para oficializar el proyecto y recabar el máximo apoyo.

Como miembro del Consejo de la Autoridad Portuaria, el presidente también solicitará al ente su respaldo con el fin de trazar una estrategia mercantil, según fuentes del Gobierno provincial.

Además, Sánchez ha resaltado que el eje Alicante-Elche y el área de la Vega Baja disponen de cuatro millones de metros cuadrados en los que potenciar la infraestructura

«Es una propuesta de toda la provincia en la que necesitamos el coliderazgo de todos los agentes implicados para que este reto sea una realidad, es un proyecto para el empleo», ha declarado el presidente, al exponer el informe elaborado por la consultora PWC en el marco de la reunión de la Mesa de Trabajo de la Zona Franca, un órgano convocado para propiciar el desarrollo económico, el fortalecimiento social y la proyección internacional del territorio.

El acto, conducido por el diputado de Presidencia, Carlos Castillo, ha contado con la presencia, además del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, de numerosas autoridades como el subdelegado del Gobierno en Alicante, José Miguel Saval, el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Juan Bautista Riera, el presidente de COEPA, Francisco Gómez Andreu, el presidente de CEPYME Alicante, Cristóbal Navarro, el presidente del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante –INECA-, Perfecto Palacios, así como responsables de la Autoridad Portuaria y del Ayuntamiento de Elche.

Amplia presencia

Alcaldes, diputados provinciales, empresarios del transporte, la construcción, el servicio agroalimentario y el sector juguetero, profesores universitarios, aduaneros, de las cámaras de comercio de la provincia, de asociaciones de empresas portuarias, del colegio de economistas y de los consejos reguladores, entre otros, han querido participar también en esta presentación en la que la Diputación ha recabado la conformidad al proyecto para dotarlo de oficialidad y visibilidad institucional.

Durante la sesión de trabajo se ha acordado estudiar y rubricar un convenio marco por parte de todas las administraciones y organizaciones empresariales y sectoriales que deseen comprometerse, al tiempo que se ha resaltado la importancia de que la provincia, con los ejes Alicante-Elche y el área de la Vega Baja, dispone de unos cuatro millones de metros cuadrado para ofertar.

Las líneas de trabajo más inminentes, según las conclusiones a las que han llegado los asistentes, son las de determinar la visibilidad real de los terrenos disponibles, jurídica y económicamente; contactar con posibles inversores nacionales e internacionales e identificar la obtención de fondos europeos.

Según los estudios elaborados hasta la fecha, la implantación de esta zona franca y de actividad logística podría llegar a generar cerca de 90.000 puestos de trabajo en los próximos diez años y permitiría el incremento de la producción y el empleo, eleva la facturación directa hasta los 1.225 millones de euros, al tiempo que supondría para las empresas instaladas en la zona un ahorro en aranceles de 6,7 millones de euros al año, según las mismas fuentes.

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