Quién es el exmarido de Mónica Oltra y por qué fue condenado
El TSJ devuelve el caso contra Mónica Oltra por los abusos de su exmarido al juez que pidió su imputación
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La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de imputar a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra , en la causa que investiga la gestión de su Conselleria en relación a los abusos sexuales de un educador social a una menor tutelada tiene un nombre propio: el de su propio exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi .
Sobre los actos delictivos que su expareja perpetró en el centro de acogida Niño Jesús de Valencia, donde abusó de una niña de quince años entre finales de 2016 y comienzos de 2017, recaen los fantasmas que atormentan a la dirigente de Compromís , que deberá declarar ante el juez el próximo 6 de julio para explicar la presunta «instrucción paralela» desde su departamento dedicada a «exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat» y encubrir los hechos en perjuicio de la víctima.
Ramírez Icardi, que trabajaba en la susodicha residencia privada con plazas concertadas desde 2011, -según quedó probado en los tribunales- solía acudir a la habitación de la niña donde dormía cuando estaba castigada por mal comportamiento. La afectada, que fingía no estar despierta por vergüenza, sufría como el monitor cogía su mano y se masturbaba con ella .
«Se aprovechó mí. Yo le contaba todo porque era muy buena persona conmigo, pero me decepcionó», declaró la víctima, quien «se escapaba del centro porque no quería ver» a su educador. « Me dieron la espalda los que debían protegerme . Hablé con la directora y me dijo que no creía que Luis fuera capaz de hacer lo que yo decía. Eso me dolió mucho», subrayó.
Durante los siguientes meses a los abusos, la joven no estaba por la labor de denunciar al pensar que nadie iba a creerla a sabiendas del parentesco del cuidador con la vicepresidenta de la Generalitat. Fue en junio de 2017 cuando relató los hechos a dos agentes de la Policía Nacional, a quienes, según recoge la investigación, «pareció que se tratara de disuadir para que no los pusieran en conocimiento de la Fiscalía».
De hecho, según dictaminó la Audiencia Provincial de Valencia, «la primera noticia que se tuvo en el centro de los hechos fue el 20 de febrero de 2017, cuatro meses antes de la denuncia ante la Policía, pero ni la dirección territorial ni la directora de la residencia dieron crédito al testimonio de la menor.
Así, la solución fue trasladar a la joven a otra residencia mientras que el exmarido de Oltra continuó en su puesto llevando a cabo diferentes tareas administrativas. Una vez el asunto llegó a Fiscalía, la Conselleria de Igualdad abrió una investigación paralela y encargó un informe psicológico de la denunciante al Instituto Espill, que señaló que la versión de la niña «era poco creíble».
En diciembre de 2019, Luis Ramírez Icardi fue condenado a cinco años de prisión y la prohibición de acercarse a 200 metros por un delito continuado de abusos sexuales a una menor en el centro de acogida en el que trabajaba, pero la defensa del acusado recurrió la sentencia al haber obviado diferentes informes exculpatorios que no fueron enviados al juzgado. Por ello, el TSJ anuló el fallo en junio de 2020 y ordenó la repetición parcial del juicio.
A las siguientes vistas se sumaron diferentes testimonios inéditos que apuntaron a la falta de criterio para evaluar a la menor y, aún sin contar con la declaración de la víctima, el juzgado volvió a condenar al educador a la misma pena de prisión, con la agravante de superioridad .
Al respecto, la Sección Segunda afirmó que desde el punto de vista de la credibilidad objetiva del testimonio de la víctima, resultaba « verosímil » por la coherencia del relato, reforzado por las declaraciones de los agentes de la Policía Nacional, el novio de la menor, su amiga en el centro y la de otro cuidado, así como las conclusiones del informe pericial e incluso por la propia declaración de Icardi.
El acusado reconoció haber practicado masajes a la menor, aunque no lo hacía con otros menores, acción que tampoco practicaba a sus compañeros. En su declaración ante el juez, relató que «solo» se trataba de «técnicas de relajación » .
En su declaración ante el juez, Ramírez Icardi relató que «solo» se trataba de «técnicas de relajación»
Asimismo, se le impuso la inhabilitación especial para la profesión u oficio que implique contacto con menores durante diez años, libertad vigilada durante cinco años, con obligación de participar en cursos formativos de educación sexual, y una indemnización a la menor de 6.000 euros.
Tres meses después, el TSJ valenciano ratificó el fallo pero el condenado recurrió al Tribunal Supremo, alegando una supuesta falta de imparcialidad por parte de los magistrados. Una sentencia que apuntaba directamente a la actuación de la Conselleria en «un claro sesgo de confirmación a partir de la inicial percepción de que la víctima es una niña problemática, mentirosa e incluso violenta».
La propia Oltra cargó contra el fallo porque se basaba en «valoraciones» y no en «pruebas», con «interpretaciones, insinuaciones, juicios de valor y apreciaciones», sobre la participación de su departamento.
No obstante, matizó que « no hay nadie a quien estos hechos le provoquen más repugnancia que a mí ». «Es el triste colofón de la vida de una menor para la que todo falló desde el principio, aunque todo lo que queda fuera de ello son juicios de valor», expresó la vicepresidenta de la Generalitat.
Ahora, casi seis años después de los abusos, la vicepresidenta se enfrenta a un transatlántico judicial a menos de un año de las próximas elecciones autonómicas, cuestión que pone en peligro la tercera legislatura del Gobierno del Botánico presidido por un Ximo Puig, que, por el momento, guarda silencio .
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