La Fiscalía abre una investigación sobre los contratos irregulares en la Sanidad pública valenciana

La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por el sindicato CSI-F acerca de posibles contratos irregulares en Conselleria de Sanidad. La central sindical avisó de los casos del nombramiento del subdirector económico del Hospital de Llíria, que podría tratarse de un “asesor encubierto”, o la contratación para una vacante del hijo de la subdirectora de Recursos Humanos de Conselleria.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) ha recibido el escrito firmado por la fiscal jefe, Teresa Gisbert, en el que señala la incoación de diligencias de investigación penal y la designación de un fiscal instructor ante hechos “que pudieran ser constitutivos de delito”. El sindicato procedió a trasladar a Fiscalía la realización de varios contratos por parte de Conselleria de Sanidad, entidad a la que también le solicitó explicaciones sin que hasta ahora haya respondido.

El escrito de la Fiscalía lleva fecha del 24 de junio.

El departamento que dirige la socialista Carmen Montón acumula casos de sospechas de enchufismo de cargos afines. El Partido Popular exigió el pasado viernes explicaciones tras un «nuevo escándalo de enchufismo» en la Conselleria de Sanidad ya que, conforme avanzó ABC, el departamento de Montón ha ascendido a la alcaldesa socialista de Bejís, María José Madrid, «para premiarla y colocarla como jefa del Servicio de Atención al Paciente».

La Conselleria de Sanidad de Comunidad Valenciana ha indicado este miércoles que uno de los nombramientos denunciados por CSI·F en este departamento, y sobre los que la Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias, es provisional, otro es anterior a la toma de posesión del nuevo Gobierno en la Generalitat y ha negado irregularidades en un tercero.

CSI·F trasladó la incorporación de una persona licenciada en Filosofía y sin trayectoria en función pública como subdirector económico del Hospital de Llíria. La Administración le ha firmado un contrato de alta dirección a pesar de que apenas interviene en el departamento. El sindicato avisaba en su denuncia que podía tratarse de un caso de “asesor encubierto”.

El sindicato también pedía que se extendiera la investigación a la contratación como auxiliar de Salud Pública de un hijo de la subdirectora de Recursos Humanos. Está cubriendo una vacante con la única experiencia previa de un contrato de apenas mes y medio de sustitución y sin concurrencia en una prueba de selección de candidatos.

El sindicato solicitaba que se ampliaran las pesquisas a la contratación, en La Fe y como técnico superior de higiene del trabajo, de una persona que no estaba en la bolsa de esa especialidad y a la que se aplicó una mejora de empleo mientras cubría una baja, un hecho totalmente inusual.

CSI·F también aludía al nombramiento directo de personal del departamento de salud Hospital Arnau-Llíria, que permanece en sus puestos durante meses sin ni siquiera estar inscritos en la bolsa de trabajo. El sindicato recuerda que al llamado ´bolsín´ únicamente puede recurrirse para cubrir días sueltos de vacaciones o permisos por enfermedad en los que no se haya expedido el correspondiente parte de baja.

El sindicato trasladó a Fiscalía el anuncio de selección de personal para realización de tareas de actualización del entorno tecnológico. Las juntas de personal no han sido informadas y Conselleria tampoco ha recurrido a la bolsa de trabajo de instituciones sanitarias, en la que existe la categoría de informático, para cubrir esas plazas.

La central sindical señaló, en su denuncia ante Fiscalía, que “lo expuesto evidencia que la decisión de seleccionar personal y las actuaciones llevadas a cabo para ello se han realizado al margen y obviando la normativa vigente”.

CSI·F exigió hace un mes a Conselleria de Sanidad que realizara una investigación minuciosa del procedimiento seguido en las contrataciones y de cualquier contrato en el que exista una sombra de irregularidad. Del mismo modo, planteó a Conselleria de Transparencia que se implicara en esa investigación como máximo organismo encargado de velar por la pulcritud de la gestión de la Administración Pública.