Federaciones de padres de la pública y la concertada también recurren el decreto del plurilingüismo

Familias de padres de alumnos de varias federaciones y otros grupos relacionados con el ámbito de la educación han anunciado que también presentarán de forma conjunta un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) contra el decreto de plurilingüismo.

Así, después del Partido Popular, la Diputación de Alicante, el sindicato de funcionarios CSIF -que lo impugnó- y la asociación Defensa del Castellano, dan este paso igualmente los integrantes del denominado Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicularla: la Concapa Comunidad Valenciana de padres de la concertada, la Covapa de padres de la pública (integrada por la FAPA Gabriel Miró de Alicante, FAPA 9 d' Octubre de Valencia y FAPA Humanista Manuel Tarancón de Castellón), y la asociación Idiomas y Educación.

El documento por el que se recurre el Decreto 9/2017, de plurilingüismo, solicita el expediente completo de tramitación de la norma. "Las tres entidades han decidido unir sus fuerzas colaborando en un solo recurso con objeto de solicitar la derogación de un decreto que suprime el derecho de los padres a elegir lengua vehicular en la enseñanza", según el comunicado.

«Crowdfunding» con éxito

Han lanzado una iniciativa de "crowdfunding" para financiar la demanda en el juzgado, mediante aportaciones de 10, 20, 50 y 200 euros, y han manifestado que hasta el momento se ha conseguido un 45% del total estimado.

Han añadido que el decreto "genera desigualdades a través de numerosos aspectos en los que discrimina a los alumnos, como en la supresión de la posibilidad de estudiar en castellano las materias troncales, aún tratándose de la lengua materna de un gran número de alumnos y que es lengua oficial del Estado".

Para el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, el decreto "lesiona gravemente ciertos derechos de los padres y de los alumnos", por lo que también han presentado alegaciones en el periodo de audiencia pública e instado a la Generalitat a retirar el decreto, todo ello sin recibir respuesta alguna, según han indicado.

Tampoco ha habido reacción institucional por parte de la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà tras las protestas en la calle protagonizadas por las familias en Valencia.