Elecciones 26-JGobierno a la valenciana: así es el modelo de Mónica Oltra que quiere implantar Pablo Iglesias en España

El secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho suyo el lema de «a la valenciana» como ejemplo del modelo de Gobierno que aspira a presidir tras las elecciones generales. En los mítines en los que ha participado el líder de la formación morada se ha coreado el eslogan de la «a la valenciana» a modo de reivindicación de un Ejecutivo, el de la Comunidad Valenciana, formado por el PSPV-PSOE, Compromís (que a su vez es la suma de tres partidos) con el apoyo parlamentario de Podemos.

Iglesias, de la mano de la líder de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat, ha vendido durante la campaña el modelo valenciano como un ejemplo de éxito. Sin embargo, durante su primer año de mandato del Ejecutivo de Oltra y Ximo Puig (emanado del conocido como «Acuerdo del Botánico») no ha estado extento de fricciones internas, denuncias por «enchufismo» de familiares de altos cargos, deficiencias en la gestión económica y guiños a las tesis soberanistas catalanas.

Pugnas internas

La legislatura arrancó con la pugna entre Ximo Puig y Mónica Oltra por la Presidencia de la Generalitat. El primero tenía más escaños, pero la segunda esgrimía que la suma de Compromís y Podemos (que entonces iban por separado a las elecciones) superaba al PSPV-PSOE. Finalmente, Oltra accedió que Puig asumiera la Presidencia, pero se reservó área claves en el Ejecutivo, como la Portavocía o la Educación.

En la misma sesión de investidura de Ximo Puig, Podemos solo le «prestó» los votos justos para poder aprobar su nombramiento. Fue el primer aviso de una legislatura en la que los socios del PSPV optaron por marcar su terreno desde el minuto uno.

El «mestizaje» de cargos de PSPV y Compromís (Podemos no ha entrado en el Gobierno) ha provocado graves enfrentamientos y disfunciones en carteras como la de Economía, que ha provocado que a día de hoy la regulación de horarios comerciales está en el limbo, o Medio Ambiente.

Los trámites para la reapertura de Radio Televisión Valenciana (RTVV) han marcado las principales disputas entre el PSPV y Compromís con sus socios parlamentarios de Podemos.

En su primer año de mandato, el Gobierno autonómico ha aprobado tres leyes: presupuestos y acompañamiento, la de recuperación del servicio de radiotelevisión pública y la de cuentas abiertas.

Denuncias de enchufismo

El primer año de mandato del Gobierno «a la valenciana» no ha estado exento de denuncias de enchufismo o casos de falta de transparencia. Así, la «número dos» de la Conselleria de Sanidad, Dolores Salas, colocó a su hija en una fundación sobre el cáncer de la Generalitat. Mientras, la titular de Sanidad, Carmen Montón, tiene la sombra de la sospecha por haber colocado a dedo (según denuncia el PP y debe analizar una comisión parlamentaria) a cargos en hospitales públicos afines o, directamente, dirigentes socialistas, como la exsenadora del PSC Mónica Almiñana, actual directora del Hospital la Fe de Valencia.

El pasado mes de diciembre, la empresa mixta de aguas de la Diputación de Valencia, Egevasa, nombró como gerente a Alberto Hernández, marido Montón, «ministrable» de Pedro Sánchez. A los días dimitió tras las críticas por «enchufismo» recibidas, entre ellas la de la vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra.

En la filas de Compromís, una comisión de servicios permitió a la pareja del alcalde de Valencia, Joan Ribó, ocupar un puesto de asesora en el servicio de formación del profesorado de la Consejería de Educación, dirigida por Vicent Marzà, miembro también de la coalición nacionalista. Mientras, la hija de Ribó ha logrado un contrato temporal en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) para cubrir un puesto de ingeniero agrónomo. El nombramiento no se publicó ni el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana ni el portal de Transparencia de la Generalitat.

Mientras, la Conselleria de Transparencia está estudiando si la directora general de Internacionalización de este departamento, Mónica Cucarella (Compromís), ha incurrido en incompatibilidad al ser apoderada de una gasolinera que está denunciada por desobediencia al no haber descontaminado sus instalaciones.

Gestión económica

La Generalitat incluyó en su presupuesto 1.300 millones de euros que no tenía garantizados como ingresos. La estrategia del Gobierno a la valenciana ha sido la de reprochar al Ministerio de Hacienda la tardanza en remitir los anticipos y el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica. El Gobierno de Ximo Puig tomó el mando de la Generalitat con la pesada losa de un modelo de financiación que no cubre las necesidades del gasto social y con una deuda hererada de 40.018 millones de euros, según los datos del Banco de España al cierre del segundo trimestre de 2015. En el primer trimestre de 2016 (última estadística disponible) la deuda había aumentado hasta los 41.935 millones.

En las últimas semanas han comenzado a proliferar las quejas de colectivos que denuncian retrasos en los pagos, como las farmacias o las familias de acogida. Además, los funcionarios de la Generalitat son de los pocos que todavía no han cobrado la parte de la paga extra suprimida en 2012. El Consell culpa de esta situación al Gobierno central.

Guiños al soberanismo

Pablo Iglesias ha encontrado en Valencia aliados en su defensa de la consulta en Cataluña. Unas tesis que defiende Compromís abiertamente. Durante su año de mandato, el Gobierno a la valenciana ha dado pasos encaminados a restablecer relaciones con el Ejecutivo independentista catalán, al que ha tomado como modelo en decisiones como la de aplicar el requisito lingüístico en la función pública, anunciada ya por los dirigentes de la Generalitat.

En este sentido, La vertiente más nacionalista del programa electoral de «A la Valenciana» (la coalición con la que concurren este domingo a los comicios Podemos, Compromís y Esquerra Unida) abre la puerta a una suerte de «federación» entre la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña.

El texto, que plasma los viejos anhelos de sectores nacionalistas de inspiración fusteriana, relacionados con las tesis de los «países catalanes», aboga por la «modificación del artículo 145 de la Constitución para eliminar la prohibición de la federación de comunidades autónomas y la autorización de las Cortes Generales para realizar acuerdos de colaboración cuando entre ellas tenga intereses comunes».