Caso TaulaLos ediles imputados del PP en Valencia no dejarán el acta pese al pacto de investidura con Ciudadanos

Los nueve concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia investigados por un presunto blanqueo de capitales en una de las piezas separadas del conocido como caso Taula no se dan por aludidos tras el pacto para la investidura de Mariano Rajoy alcanzado entre los populares y Ciudadanos.

El primer punto del acuerdo suscrito entre ambas formaciones establece que la «separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial».

El pasado mes de marzo, la dirección nacional del PP abrió expediente informativo a sus nueve ediles imputados (solo uno de sus concejales en la tercera capital de España no está siendo investigado) y les suspendió de militancia.

La presidenta regional de la formación, Isabel Bonig, les reclamó que devolvieran el acta pero los concejales se negaron y han seguido sentados en la bancada del grupo popular en el Consistorio.

La situación para estos nueve ediles (Alfonso Novo, Beatriz Simón, Vicente Igual, María Angels Ramón-Llin, Cristóbal Grau, Félix Crespo, Lourdes Bernal, María Jesús Puchalt y Alberto Mendoza) no ha cambiado y aseguran que solo dejarán la actas que lograron tras las elecciones municipales de 2015 en el caso de que se les abra juicio oral. Si el PP les expulsa definitivamente, quedaría con un único concejal, el portavoz Eusebio Monzó, toda vez que el resto han anunciado que pasaría al grupo mixto.

La situación de Rita Barberá

A la espera del desarrollo práctico del pacto entre el PP y Ciudadanos, los nueve concejales valencianos continúan su tarea de oposición con normalidad y no esquivan la agenda pública.

Todo lo contrario que la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá. La senadora está a la espera de que el Tribunal Supremo decida si le investiga por los mismos hechos que los que fueran sus compañeros en la candidatura de las municipales del pasado año, conforme reclama la Fiscalía.

En el caso de que fuera finalmente imputada, quedaría en una situación similar a los concejales, ya que el acta es personal e intransferible. Barberá fue designada el verano pasado senadora territorial por las Cortes Valencianas a través de la cuota del PP y su mandato expira cuando acabe la legislatura autonómica (en mayo de 2019 si no se adelantan las elecciones).