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Economía

Booking adaptará su oferta de apartamentos a la legislación valenciana

La Generalitat abrió un expediente al portal de reservas por permitir ofertar viviendas vacacionales no regladas

VALENCIA Actualizado: Guardar
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El popular portal de reservas en internet Booking.com se adaptará a la legislación valenciana sobre los apartamentos vacacionales, tras el expediente abierto por el Gobierno valenciano a varias plataformas de viviendas turísticas por permitir ofertar viviendas turísticas no regladas. Así lo han explicado esta mañana fuentes de la firma, que han señalado que «actualmente estamos dialogando con las autoridades con la voluntad de cooperar, adaptar sus operaciones y cumplir con la legislación en la región». Dichas fuentes señalan que ya han adaptado su oferta a la legislación de «otras regiones de España y a nivel global».

El pasado mes de febrero, la Generalitat valenciana informó de que había abierto un expediente sancionador a Booking.com, Fotocasa, Airbnb y otras plataformas similares.

En total, 24 expedientes sancionadores a ocho plataformas. Es decir, tres a cada una de ellas, uno por cada provincia en la que ofertan viviendas turísticas. La instrucción de dichos expedientes se lleva a cabo en la Agencia Valenciana de Turismo.

Las sanciones a dichas plataformas se encuadran en la campaña de la Generalitat contra el alojamiento no reglado, y pueden suponer una sanción máxima de 90.000 euros a cada plataforma. El secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, señaló entonces que el alojamiento no reglado favorece la «competencia desleal, el intrusismo y el fraude fiscal». Las plataformas no son las propietarias de los pisos que ofertan, pero permiten su promoción y ponen en contacto al propietario con los interesados en alquilarlo.

Según el buscador de Booking.com, en estos momentos se ofertan 2.714 apartamentos en alquiler. Si no están declarados como alojamiento turístico y pagan los correspondientes impuestos, están incumpliendo la legislación. Fuentes de la compañía han señalado que con anterioridad ya han adaptado su oferta a la legislación específia de una comunidad autónoma española, como en el caso de Cataluña.

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