El Parlament inicia los trabajos para agilizar las leyes de «desconexión»

La Comisión del reglamento del Parlament ha constituido este jueves la ponencia conjunta que reformará la normativa de la Cámara para permitir que las leyes de «desconexión» se aprueben por lectura única sin debate entre los grupos.

El sentido de una ponencia conjunta es que participen todos los grupos, pero en ésta sólo participarán JxSí y la CUP, ya que el resto acusa a los independentistas de pretender una maniobra legislativa para agilizar la 'desconexión' y sortear posibles vetos del Tribunal Constitucional (TC).

Además de constituirse formalmente la ponencia, ya se ha nombrado a los diputados que la integrarán y redactarán la reforma del reglamento: Jordi Turull, Roger Torrent (JxSí) y Anna Gabriel (CUP).

La intención de las fuerzas independentistas es que la ley que tendría que dar cobertura al referéndum,

la llamada ley de desconexión, pueda aprobarse en una única sesión parlamentaria sin debate previo en comisión y sin que los diputados de otras fuerzas puedan acceder al texto con anterioridad.

La aprobación ni siquiera aparecería en el orden del día si no que se incluiría tras una modificación de la misma a petición de un diputado de Junts Pel Sí o la CUP.

En la reunión de la comisión los dos grupos independentistas han defendido el derecho a solicitar la reforma del reglamento del Parlament, y han recordado que si se realiza por ponencia conjunta «no es por capricho», ha subrayado el presidente del grupo de JxSí, Jordi Turull, sino porque así lo estipula el propio reglamento.

Turull se ha dirigido a la Mesa del Parlament para preguntar si en el reglamento de la cámara no se prevén sanciones para los grupos que «hagan dejadez de sus funciones» y no cumplan con sus obligaciones de participar como diputados en las labores parlamentarias.

La insinuación de que podrían ser sancionados los grupos que no participan en una ponencia conjunta prevista por el reglamento ha provocado la reacción airada de los grupos de la oposición, dos de los cuales -Ciudadanos y PPC- ya han anunciado que pedirían el amparo del Tribunal Constitucional (TC).

En sentido análogo se ha expresado el diputado del PSC David Pérez, que ha destacado, además, que «una ponencia conjunta de sólo tres personas no es una ponencia conjunta» y ha rechazado la posibilidad de que puedan ser sancionados los grupos que no desean participar en ella.

Joan Coscubiela, portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), ha puntualizado que su grupo sí que participaría en el debate de la reforma del reglamento si se utiliza la vía de presentar una proposición de ley y no la de ponencia conjunta.

Sobre las sanciones insinuadas por JxSí, Coscubiela ha afirmado que «un derecho nunca es una obligación, no tenemos la obligación de participar en una ponencia conjunta» y, en consecuencia, «no hay dejadez de funciones» como diputados.

Santi Rodríguez, portavoz adjunto del grupo del PPC, se ha manifestado en sentido coincidente y ha asegurado que «el derecho a participar de los diputados es un derecho, no una obligación», ha rechazado las posibles sanciones, y ha confirmado que su grupo pedirá el amparo al TC, como ya hizo tiempo atrás con las ponencias conjuntas de las leyes de desconexión.

En cambio, para la diputada de la CUP Mireia Boya, la ponencia conjunta es la vía más democrática y participativa para reformar el reglamento, ha recordado que su grupo desea aprovechar este trámite «como una oportunidad para mejorar el funcionamiento de la cámara» y y ha asegurado que llevarán a la ponencia algunas «reivindicaciones de los grupos que no quieren participar».

Antes de que finalizara la sesión de la comisión, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha señalado visiblemente enojada que «hemos hecho las cosas bien y de acuerdo con el reglamento. Tenemos un informe jurídico que así lo avala, por lo que no permitiremos que se cuestione que esta Mesa no actúa de acuerdo con la legalidad».