Así es el ajustado calendario que preparan los independentistas para investir a Puigdemont

Junts per Catalunya, ERC y la CUP quieren aprobar una nueva normativa que permita investir a Puigdemont a distancia apurando los tempos parlamentarios antes del 22 de mayo

El presidente de la Cámara catalana Roger Torrent, al inicio de la reunión de la Mesa del Parlament EFE

D.T. / M.V.

Junts per Catalunya, ERC y la CUP trabajan a destajo para tratar de hacer efectiva la investidura de Puigdemont que llevan meses posponiendo y evitar así una nueva convocatoria electoral. La cuenta atrás acaba el 22 de mayo, si no hay presidente entonces, el Parlament quedará disuelto. Para evitarlo, tratarán de aprobar una nueva ley de la Presidencia que permita votar a Puigdemont a distancia, retando de nuevo al Estado .

En este escenario, los partidos siguen debatiendo si incluir en el orden del día del pleno del próximo 3 de mayo la reforma de la ley de la Presidencia impulsada por Junts per Catalunya, que busca hacer viable la investidura de Carles Puigdemont a distancia. Sin embargo, algunas fuentes del entorno de la formación neoconvergente citadas por Ep ven «difícil» que pueda votarse aquel día. Dichas fuentes alegan que la ley no puede debatirse hasta que el Consejo de Garantías Estatutarias diga si es legal -está previsto que se pronuncie a finales de semana- y entonces aún quedará pendiente abrir un plazo para que los partidos presenten enmiendas.

A pesar de que el periodo de enmiendas es prorrogable, los independentistas parecen determinados a hacer lo posible para votar la reforma el día 3, no en vano, la bancada secesionista tiene mayoría suficiente para convocar el pleno para aprobarla cuando lo consideren oportuno. En caso de que la ley de la Presidencia fuera aprobada en pleno, debería ser publicada después en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

Sería entonces cuando empezaría la cuenta atrás para que los independentistas convocaran un nuevo pleno en el que, de aplicarse la ley, se podría investir a Puigdemont a distancia, decisión que, con toda probabilidad, sería recurrida ante el Tribunal Constitucional.

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