Aragón prevé subvencionar a quienes denuncien casos de corrupción

Aragón quiere crear un fondo de dinero público para subvencionar a cualquier ciudadano que denuncie casos de presunta corrupción política de los que tenga indicio fundado.

Aunque con matices, es una propuesta que comparten, al menos, los grupos parlamentarios de PP, Podemos y Ciudadanos en las Cortes de Aragón. Le llaman «fondo de indemnidad» y su creación la han recogido esos tres partidos en las enmiendas que cada uno de ellos ha presentado al proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública que ha promovido el Gobierno regional PSOE-Chunta y que ahora inicia su tramitación parlamentaria.

Ciudadanos es el que llega más lejos en su propuesta. No solo plantea la creación de ese «fondo de indemnidad» para cubrir los gastos o quebrantos económicos que le pueda ocasionar a un ciudadano la presentación de una denuncia de ese tipo, sino que también abogan abiertamente por crear una línea de «incentivos» económicos para animar a los ciudadanos a que denuncien casos de presunta corrupción.

Es decir, una especie de premio monetario por denunciar.

Podemos, por su parte, habla estrictamente de crear un «fondo de indemnidad» para garantizar al denunciante que los gastos o quebrantos económicos que le pueda ocasionar su denuncia de corrupción se los cubre íntegramente el Gobierno aragonés con cargo al presupuesto de la Comunidad autónoma.

El PP ha presentado una propuesta en similar sentido al de Podemos. Así, plantea igualmente la creación de ese «fondo de indemnidad» para que la Administración le abone los gastos que le pueda generar al ciudadano la presentación de una denuncia de ese tipo.

Además, los populares piden igualmente desarrollar por ley el «Estatuto del denunciante». En él se establecerían protecciones jurídicas para impedir -y perseguir- que el ciudadano que denuncie pueda ser objeto de represalias, pensando especialmente en las que podía sufrir en su trabajo -sobre todo si es empleado público y, por tanto, susceptible de ser represaliado si denuncia contra altos cargos o directivos del sector público-.

El PP solicita, además, que se cree una oficina jurídica, compuesta íntegramente por técnicos en leyes -no por cargos políticos-, para «acompañar, arropar y asesorar» al ciudadano que denuncie casos de presunta corrupción.

A priori, por aritmética de escaños, la coincidencia que se da entre PP, Podemos y Ciudadanos en torno a la creación de esas subvenciones públicas a denunciantes de casos de corrupción -el llamado «fondo de indemnidad»- hace pensar que esta propuesta prosperará cuando se tramite y vote el proyecto de Ley aragonesa de Integridad y Ética Pública.