Ciudadanos propone pagar incentivos a quienes denuncien casos de corrupción

Ciudadanos (C's) aboga por crear partidas presupuestarias específicas para beneficiar económicamente a aquellos ciudadanos que denuncien presuntos casos de corrupción, que se garantice que eso no les va a perjudicar económicamente y que para ello se cree un «fondo de indemnidad».

Son algunas de las propuestas legales que el partido de Albert Rivera ha presentado formalmente ante las Cortes de Aragón, en el marco de la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública elaborado por el Gobierno regional PSOE-Chunta. Este proyecto de ley, a su vez, es consecuencia de los pactos de investidura que el socialista Javier Lambán firmó con Podemos, tras las elecciones autonómicas del año pasado.

La portavoz de C's en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, ha dado cuenta hoy de las más de 90 enmiendas que ha presentado su partido a este proyecto de ley.

Entre ellas figuran las dirigidas a proteger a los ciudadanos que denuncien casos de presunta corrupción. Así, propone que se cree un «fondo de indemnidad». Esta partida presupuestaria garantizaría a todo denunciante que se le abonarían con cargos públicos los gastos de cualquier tipo que tuviera por haber dado el paso de denunciar.

Asimismo, abogan por destinar fondos públicos para conceder «incentivos positivos» a los ciudadanos, para animar a que todo aquel que tenga sospechas de un caso de presunta corrupción lo denuncie.

Además, reclama medidas legales efectivas para proteger a los denunciantes, especialmente en materia laboral, a fin de que no puedan verse represaliados en sus puestos de trabajo quienes presenten denuncias de este tipo.

Por otra parte, Ciudadanos se ha mostrado en contra de que el proyecto de ley del Gobierno aragonés PSOE-Chunta contemple la creación de una Agencia regional de Integridad y Ética Pública, que estaría encargada de analizar las denuncias por casos de corrupción y decidir si hay o no indicios de delito.

Susana Gaspar ha advertido que las competencias que pretenden darse a esa agencia invaden funciones que les corresponden a otros órganos, en concreto a la Fiscalía, a la Agencia Tributaria y a las fuerzas de seguridad. Además, C's considera un gasto innecesario el crear un nuevo organismo público, esta agencia, precisamente porque esas funciones de vigilancia, control e investigación ya les corresponden a otros órganos judiciales y policiales.