Torrent y la Mesa se enfrentan a 15 años de inhabilitación por prevaricación y desobediencia

A la espera de que la Fiscalía del TSJ de Cataluña concrete los delitos con los que se querellará, en su caso, contra el presidente del Parlament, Roger Torrent y los miembros de la Mesa , todos ellos se enfrentan a priori a un máximo de 15 años de inhabilitación si son denunciados por prevaricación y desobediencia . Estos fueron los cargos que el Ministerio Público imputó en su día a los miembros de la Mesa, cuando, meses antes de presentar la querella por rebelión, llevó a estos diputados a los tribunales.

El artículo 410 del Código Penal señala que un funcionario o autoridad pública comete delito de desobediencia cuando en el ejercicio de su cargo «se negare abiertamente y de manera intencionada, a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales». Las sanciones penales que se prevén para el caso de que se cometa este delito son multa de 3 a 12 meses (la cuantía variará en función de la capacidad económica) e inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo que puede ser de 6 meses a 2 años.

Mayor es la inhabilitación que lleva aparejado el delito de prevaricación (entre 9 y 15 años) , que castiga al funcionario que a sabiendas dicte una resolución injusta.

De momento la Fiscalía no ha concretado los delitos en los que los diputados autonómicos han incurrido al saltarse la suspensión de los acuerdos que ahondan en proclamar un derecho a la autodeterminación que la propia Constitución prohíbe. Hasta en tres ocasiones ha recordado el TC a Torrent y a los miembros de la Mesa del Parlament que se abstengan de tramitar iniciativas sobre este asunto. En la última ocasión, el martes, la Mesa alteró el orden del día para debatir una moción de autodeterminación a primera hora de la mañana intentando burlar así una nueva suspensión del Constitucional que llegaría poco después de la aprobación de esa moción por parte de los independentistas. Apenas unas horas después, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ordenaba actuar a la Fiscalía del TSJC.