Marlaska se obceca pese a las evidencias y defiende a la directora general de la Guardia Civil
El ministro niega en el Senado haber injerido en la investigación judicial del 8-M
«Ni yo ni nadie del Ministerio ni de la Dirección General de la Guardia Civil ha interesado ni interesó del señor Pérez de los Cobos ni el informe ni conocimiento sobre el contenido del informe sobre el que ha hecho la pregunta». Varios intentos después por parte del PP y de Ciudadanos fueron necesarios ayer para que Fernando Grande-Marlaska contestara así a la cuestión de si pidió al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid, un informe bajo reserva encargado por la juez que investiga la relación entre las manifestaciones del 8-M y la expansión del coronavirus.
Este diario ha confirmado por diversas fuentes que el domingo 24 de mayo, la directora general de la Benemérita, María Gámez, telefoneó al mencionado coronel a las 22.20 horas para requerirle saber de ese documento, conversación en la que le indicó que se trataba de un tema «sensible» para el Gobierno y en la que terminó comunicando al mando su destitución.
La negación de Marlaska se producía tras cinco horas y media de comparecencia en la comisión de Interior del Senado -convocada este viernes a efectos de presentación del programa general de Interior- y sólo después de que el portavoz del PP, Fernando Martínez-Maíllo, adviertiera al ministro de que su silencio estaba apuntalando la idea de que, efectivamente, intentó «injerir en una actuación judicial que no le corresponde» , lo que le obligaría a abandonar el cargo.
El diputado popular llevó a Marlaska al límite, recordándole que, más allá de «injerencia, entrometimiento o mangoneo» el artículo 464 del Código Penal tipifica el delito de «obstrucción a la justicia» , una «sospecha bajo la que -sentenció- no puede estar un ministro del Interior».
«Responda: sí o no», le inquirió el representante del PP las dos veces que tomó la palabra, dos veces en las que también enfrentó a Marlaska a su propia encerrona: «Si dice que no, probablemente estaría mintiendo y habría una responsabilidad política; si dice que sí, aparte de la política habría una responsabilidad penal».
El «derecho» a formar equipos
La presión del PP, a la que también contribuyeron Ciudadanos y Vox anunciando una querella, rompió en el último momento la defensa monolítica del ministro, que entre las doce de la mañana y las cinco de la tarde resistió sin dar mayor explicación a las «defenestraciones y purgas» practicadas en la cúpula del Instituto Armado. Repitió, como lleva haciendo toda la semana, que obedecían a la simple normalidad y el derecho de «formar equipos» haciendo uso de la «libre designación» . El presidente, Pedro Sánchez, le «deja libertad» para designar el suyo, «y yo lo practico con el resto de mis colaboradores», argumentó, aludiendo en particular al secretario de Estado de Seguridad y a la directora general de la Guardia Civil, a la que dedicó un arrebatado elogio ante las dudas que está suscitando su ausencia. Ni se ha dejado ver durante lo peor de la pandemia, ni en esta crisis. «Ha estado evidentemente trabajando las 24 horas», entre otros «en la redefinición de sus equipos para cuando sucediera», y sin poder «conciliar», subrayó Marlaska, ya que su casa está en Málaga.
A que el ministro estuviera a punto de irse del Senado sin salirse un milímetro de la comodidad de su guion ayudaron los socios de la moción de censura, particularmente JpC, ERC y Bildu, que si hicieron referencia al cisma en la Guardia Civil fue para lamentar que no hubieran echado a Pérez de los Cobos antes . «Ahora lo destituyen porque les toca a ustedes, pero cuando tocó a miles de catalanes, ahí lo dejaron», reprochó el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista, Josep Lluís Cleries en referencia al papel del coronel como coordinador del dispositivo de seguridad desplegado en el 1-O. Con todo, Marlaska tuvo que frenar ayer a independentistas y abertzales y recriminarles que en sede parlamentaria hablaran de «presos políticos» o «torturas» de las Fuerzas de Seguridad.
Desde el PSOE, el diputado Raúl Díaz equiparó las peticiones de dimisión dirigidas al ministro por la crisis en la Guardia Civil a las que le llegaron «por comerse una hamburguesa debajo de su ministerio» la noche de los disturbios en Cataluña tras connocerse la sentencia del procés. .
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