Ignacio Gil

Iglesias no aprueba la citación de miembros de Podemos ante la Asamblea venezolana

Ha declarado que los encargados de investigar la presunta financiación ilegal de los partidos políticos españoles deberían ser los tribunales de España

Madrid Actualizado: Guardar
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El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha descrito como «ridícula» la iniciativa de la Asamblea Nacional de Venezuela de citar a dirigentes de su partido para que den explicaciones sobre el pago del Gobierno venezolano a la fundación CEPS, vinculada al partido morado.

En declaraciones a «Los Desayunos de TVE» y a RNE, Iglesias ha dicho que no declarará ante la comisión de investigación que promueve la Asamblea venezolana en el marco de los presuntos pagos a Podemos por parte del Régimen bolivariano: «Sería hacer el ridículo ir ante la Asamblea», sostiene.

Y ha justificado su decisión afirmando que los encargados de investigar la presunta financiación ilegal de los partidos políticos españoles son los tribunales de España: «Es ridículo que un partido político extranjero pretenda tomar declaración a un partido español», ha señalado al respecto.

En este sentido, ha retado a los partidos venezolanos a que denuncien a Podemos en España, donde los tribunales ya han dicho «en cinco ocasiones» que no hay financiación irregular en el partido que él lidera: «Terceros países no tienen competencias para investigar delitos en España», ha insistido, para después recalcar que los tribunales tienen «más solvencia» en ese tipo de indagaciones.

Además, el líder de Podemos ve «llamativo» que este asunto esté en las portadas varios medios de comunicación mientras que la presunta conspiración contra partidos independentistas por parte del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, no lo está. «Forma parte de una voluntad de hacer ruido», ha apuntado Iglesias.

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha notificado por escrito a Pablo Iglesias y a su «número dos», Íñigo Errejón, la posibilidad de declarar ante dicho organismo «en aras de garantizarle su derecho a la defensa y al debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes del ordenamiento jurídico venezolano».

Según se precisa en el escrito de la Asamblea Nacional, se concede a ambos dirigentes un plazo para que promuevan o aporten «las pruebas que estimen pertinentes para su defensa».

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