El delegado del Gobierno que avaló el 8-M veta protestas contra Sánchez
Franco dice ahora que «por encima de la libertad de expresión está la salud»
Coronavirus en España, últimas noticias y datos en directo
El mismo día que se ha conocido que el forense del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha concluido que «de haberse evitado [las manifestaciones del 8-M] se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad» del coronavirus, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco , explicaba que, «por encima de los derechos y de la libertad de expresión», está su empeño de «preservar la salud y no reprimir a nada ni a nadie».
El informe pericial, publicado ayer por «El Español», es un aldabonazo para el también secretario general de los socialistas en Madrid, quien mantiene su condición de investigado por la juez Carmen Rodríguez-Medel (que también instruye el caso del máster de Cristina Cifuentes) por un delito de prevaricación -pero archiva el de lesiones imprudentes-, a raíz de la marcha del Día de la Mujer.
Se da la circunstancia de que colectivos de ideología opuesta quieren echarse a la calle para manifestar su rechazo a la política de Pedro Sánchez en la gestión de la pandemia. Por un lado, Vox mantiene su protesta del 23 de mayo por Madrid, en coche, al mediodía y por el paseo de la Castellana de Madrid. En el otro espectro ideológico está la Coordinadora 25-S, que aglutina al movimiento antisistema de la izquierda radical y que propone ahora otro « Rodea el Congreso ». En esta ocasión, ambos se quejan de que Franco mantenga vetadas las manifestaciones en la capital durante el estado de alarma, que supera ya los dos meses.
Es lo que ha pasado, por ejemplo, en la comunicación que llegó a la Delegación por parte de Falange. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid apoyó ese veto, argumentando la «necesidad de evitar la difusión de la pandemia con sus secuelas de contagios, fallecimientos y enfermos». Considera que el derecho de reunión choca, en estas circunstancias, con los valores constitucionales de salud pública e integridad física; y argumenta, además, que así lo estipulan el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Constitución Española.
Pero el Alto Tribunal de Aragón ha hecho una interpretación distinta. Permitió una protesta el 1 de mayo en Zaragoza porque el estado de alarma no limita ese derecho , en contraposición con el estado de excepción. El catálogo de interpretaciones varias sumó ayer nuevos capítulos, pues la Delegación del Gobierno de Asturias avala a Vox para manifestarse en Oviedo también el 23 de mayo. Lo podrá hacer, además, en Cáceres, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Guadalajara y La Coruña.
La pelea política cristalizó ayer en el Ayuntamiento de Madrid, donde el concejal de Vox Pedro Fernández pidió la dimisión de la vicealcaldesa, Begoña Villacís , por no apoyar las movilizaciones en la capital; y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, recriminó a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que instigue estas protestas: «Quiere tumbar al Gobierno».
