Los alcaldes desatan en un año la guerra policial en «las ciudades del cambio»

Las relaciones entre los alcaldes y sus policías locales siempre han sido complicadas. Sea cual sea el signo político del Ayuntamiento en cuestión. Sin embargo, lo que se vive en las «ciudades del cambio», cuando se cumple ahora el primer año de la llegada de las marcas municipales a Gobiernos locales de ciudades importantes, no tiene precedentes. Las quejas de los agentes van más allá de las tradicionales reclamaciones sindicales; se trata ahora de enfrentamientos enconados por la gestión de estos Cuerpos, con los que en su reciente pasado de «activistas» muchos de estos regidores y sus concejales de Seguridad tuvieron guerra de trincheras.

Madrid: el concejal del escrache, imputado

Manuela Carmena tiene al frente del macroárea de Seguridad, Emergencias y Salud a un psicólogo clínico.

Javier Barbero fue una pieza fundamental para convencer a la reticente exjuez de liderar la lista de Ahora Madrid, intermediando frente a Pablo Iglesias. El problema de base es que los conocimientos del edil sobre asuntos policiales no van más allá de sus enfrentamientos con los uniformados en su nada lejana época de «okupa». Católico practicante y de verbo casi eclesiástico, Barbero, sin embargo, se ha revelado como «un político nada dialogante y muy sectario», según la mayoría de los representantes de los 6.180 policías municipales que dependen de él.

Su demostrada ignorancia sobre seguridad le hizo nombrar director general del Cuerpo a Andrés Serrano, hasta entonces oficial de Medio Ambiente, afiliado primero a IU y después a Podemos; una mano derecha nada bien recibida por los mandos y las bases. Desde el principio, la pareja dejó clara su hoja de ruta: aumentar las plantillas de los 21 distritos, una necesidad real; pero a costa de sacar esos efectivos de Unidades como las Centrales de Seguridad o «antidisturbios», que consideran «represoras». La eliminación de los grupos especializados en la lucha contra la venta ambulante, la creación de un comité ético que fiscalice «casos de tortura policial», la negativa a participar en dispositivos de grandes manifestaciones, la puesta en marcha de una Unidad de Delitos de Odio que no sirve para nada (el Cuerpo carece de competencias)... Hasta los jueces recelan y no comisionan ya a la Policía Municipal para desalojos de «okupas», por temor a que los mandos políticos les avisen. Este resumen rápido fue lo que llevó a 200 agentes a manifestarse contra él en febrero, haciéndole víctima de uno de esos escraches que el mismo Barbero tanto practicó entre 2011 y 2015. Pero no lo supo encajar, y esa misma tarde habló de que había sido víctima de «actitudes fascistas». Por estas palabras ha tenido que declarar como imputado por un delito de injurias. Y ahí sigue.

Barcelona: presiones a la Guardia Urbana

El enésimo desencuentro entre Ada Colau y su Guardia Urbana se ha vivido esta misma semana. El cuarto teniente de alcalde, Jaume Asens, habría presuntamente presionado a la abogada de un agente agredido con la rama de un árbol en la cabeza por un «mantero» para que no pidiera prisión para el vendedor ilegal. Lejos de ponerse al lado de sus agentes, Colau y otro edil, Josep Garganté, de la CUP, dan su apoyo a Asens.

La actitud del concejal antisistema no es tan llamativa si se tiene en cuenta que fue grabado intentando convencer a un médico para que manipulara el parte de lesiones de un «mantero» tras la detención de este. Hasta el propio jefe del Cuerpo, Evelio Vázquez, ha exigido a la regidora, de Barcelona en Comú, a que actúe contra su teniente de alcalde. Hace casi un año, a los diez días de tomar posesión del acta de concejal, los sindicatos policiales ya advertían del «odio patológico» de Asens hacia la Guardia Urbana.

Esta tensión entre los agentes locales y los de Colau ya se dio durante las críticas por «brutalidad policial» de la ahora alcaldesa en el desalojo de Can Vies, previo a su investidura. La situación es similar a la de Madrid: concejales que provienen del «activismo» más radical se ven ahora inmersos en la médula de ese sistema que rechazaban. Este paralelismo entre las dos principales ciudades españolas en materia de seguridad quedó reflejada en la reunión que representantes de ambas mantuvieron en la capital catalana para confrontar sus ideas sobre los Planes Directores que han elaborado en materia policial. Entonces, se habló de uno de los puntos en común: la eliminación de los «antidisturbios» municipales, en el caso de Madrid, las UCS, y en el de Barcelona, las UPAS. E impulsar unas policías «de proximidad», como si acaso ya no lo fueran.

Cádiz: los policías piden a «Kichi» que se vaya

La extravagancia de José María González, Kichi, se traslada hasta a los conflictos que tiene con sus agentes. En Cádiz no es tanto el modelo policial lo que mantiene enconados a Ayuntamiento y Cuerpo, sino trifulcas de (literalmente) campo de fútbol y (literlamente también) plaza de abastos. El extravagante regidor de la preciosa ciudad andaluza se ha puesto al lado de un vendedor ilegal de pescado frente a la actuación de los policías que le denunciaron por esta práctica.

También la armó en el Fondo Sur del Ramón de Carranza, donde acudió a ver el partido entre el Cádiz y El Ferrol. Un conocido suyo fue expulsado por la Policía Nacional por, supuestamente, haber insultado a los agentes. Pues bien, Kichi, siempre según la versión policial, exigió a un vigilante privado que permitiera a su amigo regresar al campo: «Si no, atente a las consecuencias», le habría espetado. Pero tuvo luego unos palabras con el jefe de Seguridad Ciudadana, que se mantuvo en mantener el veto al alborotador.

Estas y otro tipo de actuaciones poco «ortodoxas» han llevado a lo nunca visto: todos los sindicatos de la Policía Local, a izquierda y derecha, han firmado un manifiesto exigiendo al alcalde que se vaya: «No le consideramos digno de ser nuestro jefe».

Valencia: ni deshaucios ni identificar a inmigrantes

La tercera ciudad de España en habitantes, después de muchos años en manos del PP, ha pasado a estar gobernada por Compromís, aunque con el apoyo del PSOE y de la marca municipal de Podemos, València en Comú. El alcalde, Joan Ribó, tampoco ha llevado una política de seguridad en este primer año exenta de polémica. Muy en la línea de Madrid y Barcelona, ha llegado a prohibir a su Policía Local a participar en desahucios e identificar a inmigrantes. El tripartito defiende que «alta frecuencia de los controles refuerza la sensación de inseguridad y provoca una alarma social fabricada artificialmente, degradando la convivencia y la cohesión social en los barrios». Ribó también ha eliminado la misa de la Policía Local, como Manuela Carmena en Madrid.