Varios ministros no repetirán como candidatos del PP en las generales

No todos los ministros del Gobierno actual serán diputados en la próxima legislatura, ni muchos de los secretarios de Estado encontrarán cobijo en las listas de su partido para las elecciones del 20-D. Los populares quieren una renovación en muchos de sus carteles electorales y presentar caras nuevas resulta incompatible con permitir que la mayoría de los altos cargos de hoy sigan siendo los parlamentarios de mañana.

Solo dos de los ministros de Rajoy -Luis de Guindos y Pedro Morenés- han declarado su intención de abandonar la política al finalizar la legislatura. Al resto se les supone el interés por un escaño, hayan sido o no diputados los últimos cuatro años. Algunos tienen plaza asegurada: nadie duda de que Ana Pastor volverá a ser cabeza de cartel por Pontevedra, Fátima Báñez por Huelva o José Manuel Soria por Las Palmas. Entre los nuevos, se piensa en el nombre de Isabel García Tejerina como diputada por Valladolid y quizá se encuentre hueco en Madrid para Íñigo Méndez de Vigo.

Además, es bastante probable que el partido le pida al titular de Justicia, Rafael Catalá, que figure en las listas, aunque él no lo haya solicitado.

Más difícil lo tienen los integrantes del Gobierno con veteranía: José Manuel García Margallo por su edad (71 años); Cristóbal Montoro (65) porque hasta hace nada decía en voz alta que se iba a retirar, aunque últimamente afirme lo contrario; Jorge Fernández Díaz (65), por el overbooking de aspirantes al menguante número de escaños que el PP espera conseguir por Barcelona, que se disputan él, Alicia Sánchez-Camacho y dos catalanes con rango de secretarios de Estado: Jorge Moragas, jefe de la campaña electoral, y José Luis Ayllón, mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría.

La incógnita de los ministros será despejada por el presidente del Gobierno y del PP, lo que puede retrasar aún más el anuncio de las listas de los populares hasta llegar al límite previsto por la ley, mediados de noviembre, a pesar de que el resto de los partidos ya ha cumplido con ese trámite. Rajoy tendrá que hablar con ellos de uno en uno, convencer a varios de que por muy amigos suyos que sean deben abandonar la primera fila de la trinchera política y acordar con los restantes el lugar por el que se van a presentar.

La petición de los barones regionales a su presidente para que designe cuanto antes a sus cabezas de lista ha caído en saco roto. «Está en el DNI de este partido poner a nuestra gente de los nervios», se lamenta uno de ellos. Varios han enviado ya sus propuestas a la secretaria general. Uno de los más rápidos ha sido Alberto Núñez Feijóo, que ya tiene designados a los números uno de las cuatro provincias gallegas aunque no lo vaya a hacer público hasta el momento adecuado. Otros barones le pasan sus patatas calientes a Madrid: el andaluz Juanma Moreno quiere que la nacional le resuelva la papeleta de qué hacer con una Celia Villalobos que se niega a dejar vacante su escaño de número uno de Málaga como él desea.

María Dolores de Cospedal, que es la encargada de hacer las listas, tendrá la penúltima palabra, solo sujeta a la del presidente del PP, no solo para designar el futuro de los otros aspirantes, sino el de ella misma. En la sede de Génova se da por hecho que irá de candidata al Congreso como cabeza de cartel de alguna de las provincias de Castilla-La Mancha, aunque ella guarda con tanto mutismo sobre lo suyo como de lo de los demás. También se niega que exista disputa alguna entre la secretaria general y la vicepresidenta del Gobierno por ocupar la plaza de número dos por Madrid: será de nuevo de Sáenz de Santamaría.

Lo que sí se da por descontado por parte de los responsables de la campaña es que habrá muchas novedades y bastantes caras nuevas en las listas, aun a costa de pedir la jubilación de los más veteranos y de los secretarios de Estado actuales a pesar de que muchos de ellos tuvieron que dejar el Congreso para acceder a esos puestos. El nuevo paisaje político, con cuatro partidos en disputa en cada circunscripción, inclinará la balanza del último escaño a repartir por un puñado de votos, lo que obliga a presentar al mejor candidato posible en cada provincia, es la tesis con la que el PP plantea su renovación.