Carmena niega que tuviera competencia sobre los desahucios pero la ley se las daba

Manuela Carmena echó ayer balones fuera sobre su responsabilidad en materia de desahucios durante el periodo en que ostentó el cargo de juez decana de Madrid. Insistió en que no pudo hacer nada por paralizar los desalojos. «Los jueces decanos no tomaban la decisión de hacer o no desahucios. Dependía del juez de Primera Instancia», dijo. Aquí subyace la trampa de su argumento: la información publicada ayer por ABC no señalaba a la actual alcadesa de Madrid por las sentencias que dictaban los jueces, sino por la ejecución de las mismas, y aquí la ley es tajante: proceder al desalojo correspondía a las comisiones judiciales que dirigía el juez decano, entonces -entre 1994 y 1996-, Manuela Carmena.

La orden de desahucio la dicta un juez y la ejecuta el departamento de notificaciones y embargos, adscrito al decanato de los juzgados.

De este modo, Manuela Carmena era la máxima responsable de los denominados servicios comunes, que engloban las tareas de organización y funcionamiento de los juzgados. Es decir, mandaba sobre la infraestructura necesaria para ejecutar los desahucios.

Lo único que reconoció ayer la alcaldesa de Madrid fue haber incrementado de una a doce las comisiones judicales «porque eran necesarias». Eran precisamente estos organismos los que se trasladaban a las viviendas para ejecutar los embargos, acompañados, si así lo consideraban, por la Policía y un cerrajero.

Al multiplicar los medios logísticos, Carmena logró desatascar un tapón de 700 desahucios a un ritmo de 36 diarios. Previamente a su llegada al decanato, el día que más lanzamientos se practicaban no pasaban de dieciocho.

Tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como los jueces consultados por ABC confirman, sin la más mínima duda, que Manuela Carmena era la responsable de ejecutar los embargos. El reglamento de los Órganos de Gobierno de los Tribunales dice, en el artículo 86, que «a los jueces decanos corresponde dirigir los servicios comunes», es decir, la organización y funcionamiento de los juzgados de Plaza de Castilla que posibilitó el incremento de los desahucios ejecutados.

El actual juez decano de Madrid, Antonio Viejo, así como otros magistrados (ver despiece adjunto a esta información) respondieron ayer a ABC sin lugar a equívico que las competencias para ejecutar los embargos en la etapa de Manuela Carmena «correspondían al juez decano».

En el año 2000, cuatro años después de que Carmena dejara el decanato, la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil dio cuerpo al Servicio Común de Actos de Comunicación y otorgó un papel relevante al secretario judicial como responsable del mismo. Posteriormente, con la creación de la Oficina Judicial, mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el secretario judicial asumió toda le gestión de las comisiones judiciales que ejecutaban los embargos, antes en manos directamente del juez decano. Pese a esta reforma, el juez decano siguió siendo responsable último, por encima del secretario judicial, aunque este hubiera adquirido las competencias de la dirección de la Oficina Judicial, en la que están los servicios comunes, entre ellos el departamento de notificaciones de embargos y desahucios.

«Ninguna capacidad»

Pese a estas evidencias, la actual alcadesa de Madrid desvió ayer el asunto, tras un encuentro con la decana del Colegio de Abogados de Madrid, asegurando que no tenía «ninguna capacidad de incidencia» en que se hicieran «más o menos desahucios» y precisó que ella, «al ver el repunte de desahucios» que enviaban los compañeros de 1ª Instancia tomó decisiones «para evitarlos». Efectivamente, el número de sentencias de desahucio dependía de los jueces de Primera Instancia que las dictaban, pero su ejecución era competencia de Manuela Carmena como juez decano.

Además, la entonces coordinadora del departamento de notificaciones y embargos de los juzgados de Plaza de Castilla era precisamente Marta Higueras, actual número dos de Ayuntamiento de Madrid. La concejal responsable de Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del consistorio madrileño alardeó, en declaraciones a «El País», de la eficacia en los desahucios que habían logrado la nueva juez decana, su mentora Carmena: «En los meses de enero, febrero y marzo (de 1994) hemos puesto al día todos los expedientes atrasados -unos 700-, y ahora, un vez que el juez ordena el lanzamiento, nosotros lo ejecutamos en un plazo de diez días».

El lenguaje nada tenía que ver con el que actualmente utilizan los líderes de Podemos y sus socios. Marta Higueras aseguraba entonces que «sabemos que la tardanza ha favorecido la picaresca» y añadía que «en las inmobiliarias existían listas negras de inquilinos que, conocedores de que un procedimiento de desahucio duraba unos dos años, iban de un piso a otro sin pagar en ninguno».

En contraposición a estos datos y evidencias, la alcadesa de Madrid enumeró ayer algunas de las soluciones que aportó: un servicio de mediación social, una red de viviendas alternativas y hacer posible que nunca una persona se quedara en la calle, «algo que tiene que ver con mi política actual». A juicio de Carmena, la publicación de esta información, es «una batalla política».